Tal y como anunció el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el pasado jueves, el Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a la licitación del proyecto de la Terminal Norte del Puerto de Valencia. Con una inversión público-privada de más de 1.600 millones de euros, Terminal Investment Limited (TIL), del grupo MSC, construirá y explotará las instalaciones que llevan un año paralizadas.
A propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Gobierno ha autorizado la licitación de las obras de construcción del muelle de contenedores de la terminal norte del Puerto de Valencia por un valor estimado de 656,7 millones de euros (IVA no incluido). Se trata de una terminal de 5 millones de TEUS (contenedores equivalentes de 20 pies), que se añaden a los 7,5 millones de TEUS de capacidad actual, completamente electrificada con energía de origen 100% renovable, un área de depósito totalmente automático y una terminal ferroviaria adyacente de seis vías de 1.000 metros de longitud, que será la de mayor tamaño en España.
La infraestructura contará con diseño, tecnologías y equipamiento de "última generación", una instalación totalmente electrificada que permitirá suministrar a los barcos y el objetivo es que el origen de su electricidad proceda al 100% de fuentes renovables. El 98% de la maquinaria de la Terminal será eléctrico y el 2% de hidrógeno, mientras que el origen de la electricidad será 100% de fuentes renovables.
Para el Gobierno, la ampliación es una "inversión estratégica a nivel nacional" con una "indudable repercusión económica en términos de generación de empleo y riqueza". Además, es "una apuesta decidida" por la descarbonización y por el ferrocarril como alternativa para el transporte de mercancías. En este contexto, el Ejecutivo central ha destacado que las inversiones del Ministerio en el Puerto de Valencia han permitido que haya ganado cuota de transporte de mercancías por ferrocarril "a lo largo de los últimos años". Todo ello, además, gracias a diversas inversiones y a otras que están en marcha y que han supuesto la movilización de 240 millones de euros en actuaciones ferroportuarias.
Desde la Generalidad Valenciana, PP y Vox, han exigido celeridad en las obras. Los socios de gobierno esperan que la tramitación se haga "lo antes posible" y han advertido de que más retrasos supondrían la pérdida de 118 millones de euros adicionales.
Rechazo de Compromís y Sumar
Por contra, la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de Compromís, Àgueda Micó, ha anunciado que su formación denunciará ante los tribunales la ampliación, al considerar que se trata de "un macroproyecto que va totalmente en contra de los intereses medioambientales, económicos y sociales no solo de la ciudad de Valencia, sino de todo el país".
Desde la formación han exigen al Gobierno central que explique "cómo es posible que se apruebe" si tiene caducada la declaración de impacto ambiental "y todos los informes técnicos oficiales en contra". Micó ha advertido de que llevarán el caso ante la Comisión Europea para que "vea y estudie si las directivas europeas que se aplican en casos medioambientales se están desarrollando correctamente".
La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha reiterado el rechazo de su formación a la extensión de esta infraestructura y lamenta la posición del PSOE; que se ha alineado con el PP en contra de las "políticas mínimas de salvaguarda ambiental". Por tanto, ha desgranado que van a apoyar las decisiones que adopte Compromís, en respuesta la "cuestionable" actitud del PSOE con el Puerto de Valencia.