Los grupos municipales del Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Alicante han alcanzado un acuerdo para sacar adelante el presupuesto municipal para 2024 y han pactado que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no contemple procedimiento sancionador.
Los grupos han consensuado la redacción y aprobación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones -dentro del plazo prorrogado-, en la que no se contemple procedimiento sancionador, "cumpliendo así con lo que viene estipulado en la ley a este respecto, pero sin restringir los derechos fundamentales de los alicantinos y protegiendo la economía local, principalmente en las zonas afectadas", según ha indicado el consistorio en un comunicado.
El acuerdo también establece la inclusión de 20 de las 26 enmiendas presentadas por Vox, que votará a favor de los presupuestos municipales en la comisión de Hacienda de este jueves y en el posterior pleno extraordinario que se convocará en los próximos días.
También se ha incorporado en el proyecto un millón de euros para desarrollar "de manera efectiva" la carrera profesional de los funcionarios, que era un requisito en el acuerdo alcanzado por ambos grupos el pasado mes de octubre para la implantación de la nueva estructura directiva del Ayuntamiento.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha mostrado "muy satisfecho" por el acuerdo porque considera que las enmiendas de Vox "ayudan a mejorar el proyecto de presupuestos para seguir avanzado con la mayor estabilidad posible en la transformación y la mejora de Alicante".
"La exigencia de Vox sobre la Zona de Bajas Emisiones coincide con mi compromiso ya anunciado durante la campaña electoral de que no se impondrán sanciones, si no es necesario técnicamente y así lo confirman los informes de la secretaría del Ayuntamiento y del área de Medio Ambiente", ha añadido el primer edil.
Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha subrayado que su formación está en el Ayuntamiento para "trabajar con responsabilidad y únicamente por y para los alicantinos". "Nos alegra saber que tenemos razón y que no hacía falta sancionar a los alicantinos y condenar al pequeño comercio por el fundamentalismo climático. Para nosotros, las multas y restricciones de la Zona de Bajas Emisiones eran y son una línea roja, como venimos advirtiendo desde que conocimos el proyecto de ZBE del anterior equipo de Gobierno", ha sostenido.