La situación para los afectados por las recientes inundaciones en la Comunidad Valenciana sigue siendo un auténtico laberinto burocrático. Olexander y María, dos de los muchos ciudadanos que perdieron su vehículo, recorren un vertedero de chatarra en Catarroja, buscando lo que parece ser una misión imposible: encontrar sus coches entre una montaña de restos de vehículos. "No aparece ni por matrícula, ni por número de bastidor ni nada", se lamenta María, quien no sabe en cuál de las sesenta campas debe buscar.
La situación se complica aún más para ambos cuando descubren que, sin una prueba que acredite el destrozo, el proceso de indemnización se convierte en un obstáculo casi insalvable. "El Consorcio me pide fotografías y no tengo fotografías de mi coche en esas condiciones", explica frustrada María. Olexander, por su parte, se encuentra en la incertidumbre, sin saber si podrá recibir la compensación económica por los daños sufridos.
Hasta el momento, se han destinado casi 400 millones de euros para indemnizar a los afectados, pero solo un tercio de los 44.000 vehículos registrados han recibido algún tipo de compensación. Manuel, otro afectado, aún espera el peritaje de su coche y no puede permitirse la compra de un nuevo vehículo hasta que se resuelva la situación. "Hasta que no lo valoren y lo den de baja no puedo invertir en otro coche", afirma.
El colapso en la gestión de este desastre es evidente: el número de peritos en la zona se ha multiplicado por cinco, pasando de 400 a 2.000, pero aún así no dan abasto para realizar las valoraciones necesarias. Mientras tanto, el proceso de desmantelamiento de las campas de vehículos avanza a un ritmo extremadamente lento, con solo 30.000 coches hasta ahora enviados al desguace.