La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permitió que Comunicacions dels Ports S.A., la empresa del hermano de Ximo Puig, esquive la prohibición de contratar con la administración pública pese a haber sido condenada por una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia. Un "indulto" que se produjo en julio de 2024 pese a que ahora, un año después, Pedro Sánchez ha propuesto la creación de listas negras de empresas corruptoras para que sea excluidas de licitaciones.
El proceloso caso del hermano de Ximo Puig comienza con un expediente sancionador en 2019. Unos meses más tarde, en 2020, la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana (CDCCV) sentencia que Comunicacions del Ports participó en un cártel para repartirse contratos de medios audiovisuales, imponiéndole una sanción de 16.801 euros y remitiendo el caso a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, con el objetivo de activar la prohibición de contratar prevista en la Ley de Contratos del Sector Públic según consta en los documentos en los que ha tenido acceso Libertad Digital.
Pese a la gravedad de los hechos y a que la empresa litigó durante tres años, llegando incluso hasta el Tribunal Supremo, que ratificó la condena, la compañía del hermano de Ximo Puig presentó alegaciones afirmando haber pagado la multa antes de que la resolución fuera firme y alegando la implantación de medidas correctoras, como un canal de denuncias y un nuevo sistema de fijación de precios.
El 2 de julio de 2024, la Comisión Permanente de la Junta Consultiva, dependiente de Hacienda, acordó proponer el archivo del expediente, y tan solo unas semanas después, el 30 de julio, María Jesús Montero dio su visto bueno al cierre definitivo del procedimiento. Esta decisión evitó que la empresa, de la que depende más del 50% de ingresos públicos, quedara inhabilitada para contratar con administraciones.
Un caso que sigue
Sin embargo, las causas judiciales contra Francis Puig, hermano del expresidente valenciano, sigue su curso pese que Hacienda le ha indultado. Sólo un año después del expediente de María Jesús Montero, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para Francis Puig por presuntos delitos de falsedad documental y estafa agravada en la obtención de subvenciones públicas destinadas a medios de comunicación.
El Ministerio Público también reclama tres años de cárcel para su socio, Juan Enrique Adell Bover, a quien considera cooperador necesario en la trama. Según el escrito de acusación, ambos habrían articulado un entramado de facturas falsas y documentos manipulados para acceder de forma fraudulenta a ayudas públicas concedidas por la el Gobierno de la Comunidad Valenciana y la Diputación de Castellón entre los años 2015 y 2018, periodo que coincide con la etapa en la que su hermano estaba al frente de la Generalidad.