Aumenta la presión judicial y política sobre el PSOE valenciano. El escándalo del presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Almusafes, Toni González, ha derivado en una causa mucho más amplia que señala directamente a la estructura local del partido. Según ha adelantado The Objective, la víctima ha ampliado su denuncia ante la Guardia Civil para señalar a otras dos mujeres vinculadas a la ejecutiva socialista por un patrón de hostigamiento y "muerte civil".
Lo que comenzó como una denuncia contra el primer edil se ha convertido, según el relato de la víctima, en una persecución orquestada por el entorno del alcalde. En esta nueva ampliación, la denunciante identifica a dos trabajadoras de la empresa pública municipal y militantes del PSOE —B. M. y C. J.— como autoras de una campaña de desacreditación y menosprecio profesional.
El "pecado" de la víctima, según su testimonio, fue acudir a la Oficina Antifraude de la Generalitat Valenciana y activar el canal interno del PSOE. A partir de ese momento, la relación cordial que mantenía con estas personas se transformó en un clima de hostilidad. Los hechos se centran en ataques en grupos de mensajería con mensajes destinados a minar su legitimidad como representante sindical y en acciones coordinadas en grupos de WhatsApp del PSOE local para manifestar apoyo total al alcalde cuestionado y señalar a la denunciante.
Cuatro señaladas en el PSOE
Con este nuevo paso ante la Benemérita, la lista de implicados en el entorno del alcalde socialista crece. Ya son cuatro las mujeres del ámbito socialista denunciadas por la víctima, además del propio González.
Cabe recordar que el pasado mes de diciembre ya se presentaron denuncias penales por amenazas, injurias y calumnias. En aquel episodio, se documentaron ataques en redes sociales y canales internos del partido donde no solo se ponía en duda la credibilidad de la mujer, sino que se llegaba al extremo de instarla de forma explícita a quitarse la vida.
Este caso coloca en una situación insostenible a la dirección autonómica del PSPV-PSOE, liderada por la ministra Diana Morant. Mientras el partido intenta vender un discurso de "tolerancia cero" contra el acoso, la realidad en Almusafes muestra a un alcalde que, aunque apartado orgánicamente, sigue manteniendo el control y la influencia en el día a día municipal.
El patrón es claro: todas las señaladas pertenecen al aparato socialista local y al círculo de confianza de Toni González. Las fuentes jurídicas apuntan a que no se trata de conflictos laborales aislados, sino de una táctica de represalia política contra quien se atrevió a romper el silencio.
La víctima ha confesado sentirse "señalada, cuestionada y aislada" desde que decidió denunciar. Un escenario de presión ambiental que pone a prueba la coherencia del Gobierno de Sánchez y su supuesta defensa de las víctimas, mientras en el ámbito local sus cargos cierran filas con el presunto agresor.