El sector del taxi ha paralizado este miércoles buena parte de la ciudad de Valencia en una jornada de huelga convocada para denunciar lo que consideran "intrusismo" por parte de las VTC y exigir a la Generalitat un decreto que garantice la supervivencia del modelo regulado.
Miles de profesionales de Taxi han secundado este paro, que ha comenzado a las 6.00 horas y se prolongará hasta la misma hora del jueves. 24 horas de parón en el sector para exigir sus derechos.
La protesta ha colapsado algunos de los principales accesos y avenidas de la capital, con columnas de vehículos procedentes de distintos puntos de la Comunidad Valenciana. Desde primera hora de la mañana, vías como San Vicente Mártir, Cortes Valencianas, la avenida del Cid o Ausiàs March registraron importantes retenciones, mientras el servicio quedó suspendido en puntos estratégicos como el aeropuerto, Joaquín Sorolla, València Nord y la Estación de Autobuses.
La movilización culminó ante el Palau de la Generalitat, donde los taxistas exhibieron pancartas contra lo que consideran un intento de "desregular" el transporte urbano. La protesta se produce en pleno proceso de elaboración del nuevo decreto de movilidad anunciado por el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus.
El presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, Fernando del Molino, ha acusado al Consell de sembrar dudas sobre la protección del sector. "Llevamos meses esperando un texto que no llega. Muchos políticos dicen que apoyan al taxi, pero cada vez que legislan abren la puerta a la desregulación", afirmó. A su juicio, la Generalitat debe decidir "si quiere un transporte profesional regulado o un servicio liberalizado que multiplique precios cuando haya una catástrofe o un gran evento".
Multinacionales frente a autónomos
Del Molino denunció además que la expansión de las VTC responde a un modelo que beneficia a "multinacionales" frente a autónomos que tributan en España y cumplen con exigencias administrativas y técnicas más estrictas. "Lo que están intentando es legalizar lo ilegal", sostuvo, advirtiendo de que más de 8.000 familias dependen directamente del taxi en la Comunitat.
Aunque por el momento no hay un calendario cerrado de nuevas movilizaciones, el sector advierte de que mantendrá la presión "las veces que sea necesarias" hasta que el Consell concrete el contenido del decreto y despeje las dudas sobre el futuro de un servicio que consideran esencial y amenazado por la liberalización.