El miércoles 30 de septiembre, los redactores del periódico gubernamental hicieron el periodismo de investigación que mejor saben hacer: abrir el buzón de su correo electrónico y repasar la bandeja de enviados en busca de un mensaje enviado desde un dominio de La Moncloa. Con ese soplo, El País dio una exclusiva en su portada del jueves 1 de octubre: el Gobierno PSOE-Podemos “sopesa” cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar la mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y dejarla en la mitad más uno.
Con una medida parecida amenaza un sector del Partido Demócrata de EEUU ante el inminente nombramiento de una sustituta en el Tribunal Supremo para la magistrada Ruth Bader Ginsburg, recientemente fallecida, propuesta por el presidente Donald Trump. El Tribunal Supremo federal está controlado por la izquierda desde que el presidente Eisenhower cometió el inmenso error de introducir en él a Earl Warren, que, a pesar de haber sido gobernador de California y candidato a vicepresidente por el Partido Republicano, se reveló como un paladín de todas las causas progresistas.
En su sentencia más polémica del siglo XX, Roe vs. Wade (1973), el tribunal se inventó un derecho a la intimidad inexistente en la Constitución, para legalizar el aborto, cuando estaban en contra la Presidencia, el Legislativo y el poder constituyente. Pero una sentencia pergeñada por cinco jueces es más sencilla de conseguir que una enmienda constitucional, para la que se necesitan dos tercios en las dos Cámaras del Congreso y la aprobación de tres cuartos de las Asambleas de los estados en un plazo de siete años (fijado por el Supremo).
A lo largo de los años, en estos asuntos los jueces de izquierdas nombrados por los presidentes demócratas no han roto su alineamiento ninguna vez, mientras que los jueces nombrados por los republicanos han vacilado e incluso se han cambiado de acera, como dos de los cuatro nombramientos presentados por Ronald Reagan: Sandra Day O’Connor y Anthony Kennedy. Por fortuna, sus otros dos nombramientos, William Rehnquist y sobre todo Antonin Scalia equilibraron un poco la balanza de la justicia.
Con Trump, la derecha por fin puede tener una mayoría reforzada de seis a tres en el Tribunal y frenar la conversión de éste en un legislador inapelable. Ginsburg, que se negó a dimitir a pesar de sus 87 años de edad y su cáncer de páncreas para retrasar su sustitución hasta que hubiera un presidente demócrata, confirmó ese adagio de la política norteamericana de que “los jueces del Supremo nunca dimiten y rara vez mueren”.
Ante un Supremo controlado para los próximos quince o veinte años por una derecha sin complejos y más organizada y activa que la que hubo en los años 50 y 60 del siglo pasado, los demócratas han desempolvado el proyecto de Franklin D. Roosevelt de ampliar el tribunal con más jueces.
Empaquetar el Tribunal Supremo
La Constitución no fija el número de éstos, sino que establece el procedimiento de nombramiento (propuesta por el presidente y aprobación por mayoría en el Senado). Según la Judiciary Act (1869) son nueve, pero no se prohíbe que sean más o menos. Y ahí atacó Roosevelt.
Puesto que el Supremo había declarado inconstitucionales algunas de las leyes del "New Deal" aprobadas en su primer mandato (1933-1937), nada más ser reelegido Roosevelt preparó un proyecto de ley para arrogarse la facultad de añadir un nuevo juez por cada juez titular que después de cumplir los setenta años de edad no quisiera retirarse. En ese momento había seis magistrados con más de esa edad. Recibió el apelativo de «Court Packing Plan», que podemos traducir como plan para el empaquetado del tribunal.
Sus modos de presentarlo, su desprecio a los parlamentarios de su propio partido (que tenía amplias mayorías en el Congreso) y la oposición de la prensa dieron al traste con la Judicial Procedures Reform Bill ese mismo año.
Sin embargo, como explico en mi libro, Roosevelt ganó la guerra contra el Supremo, porque los jueces, quizás agotados, quizás amedrentados, empezaron a dimitir y en los años siguientes él pudo nombrar a ocho de los nueve, incluido un miembro del Ku Klux Klan, Hugo Black (suponemos que el presidente no conocía su pertenencia a la banda), y su propio ministro de Justicia, Robert Jackson.
En los Estados Unidos de hace ochenta años, la reacción de la opinión pública paró el proyecto de un Roosevelt prepotente. ¿Ocurrirá lo mismo en España, o, como tememos muchos, nuestra sociedad y nuestras instituciones se hallan más cerca en espíritu de esa Argentina que lleva desde el 12 de marzo sometida a confinamientos y restricciones y con una inflación del 40%, que de la única democracia del mundo en la que hay separación de poderes?