La OCDE ha advertido de que la reforma del sistema de pensiones en España necesita "esfuerzos complementarios" a las propuestas lanzadas por el Gobierno, que no obstante ha juzgado "muy positivas", y recomienda diversificar la financiación con pensiones complementarias privadas.

En una declaración, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha destacado que para "atajar el problema de la sostenibilidad del sistema de reparto" de las pensiones, España habría de recurrir a medidas como "vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida y aumentar la edad efectiva de jubilación".

Esta última debería concretarse, por ejemplo, incrementando el número mínimo de años necesarios para obtener una pensión completa, y sugirió así pasar de los 35 años actualmente a 40, como en Francia -donde se va a pasar progresivamente a 42-.

Además, el llamado 'Club de los países desarrollados' ha señalado que estas reformas "deberían complementarse con una política clara dirigida a que las contribuciones a las pensiones complementarias privadas se incrementaran y éstas fueran así un componente más para financiar la jubilación, diversificando las fuentes para financiar la jubilación".

En esa misma línea, ha apostado por "introducir regulaciones en los planes privados encaminadas a aumentar los ahorros destinados a financiar la jubilación y proteger mejor las pensiones privadas de la volatilidad de los mercados financieros".

La OCDE ha recordado que el sistema español de pensiones privadas "es uno de los menos desarrollados" de sus países miembros, y no representan más que alrededor del 7% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a una media del 60% en la organización.

Aunque un 54% de los trabajadores españoles cuentan con planes privados -porcentaje relativamente alto si se compara con otros países- su aportación es bastante reducida: el 66% contribuye con menos de 300 euros anuales.

En su declaración, la OCDE dijo que "apoya" la propuesta de reforma del Ejecutivo español porque las medidas apuntadas -elevar la edad oficial de jubilación de 65 a 67 años y aumentar el número de años necesarios para el cálculo de la pensión- permiten seguir la estela de otros países que han reformado su sistema de pensiones.