Los cuantiosos fondos públicos del Plan E, no solo desquician a comerciantes y establecimientos, sino que además son un pozo de fraude que aprovechan las constructoras, según informa El País.
Estas empresas aprovechan un resquicio legal, y contratan hasta seis veces más de los trabajadores que necesitarían para ejecutar la obra. Los contratan por día o incluso por horas, los despiden, los envían al paro, y los vuelven a contratar. Así, los obreros se ven obligados a trabajar en varias obras para cumplir con un sueldo mínimo.
De esta forma, este Plan concebido para crear empleo, es una auténtica máquina de generar empleo precario. El concejal de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo reconoce la situación y afirma que las adjudicaciones se realizaron por las normas dictadas por el Gobierno estatal, que logra que "las empresas se pongan de acuerdo para presentar ofertas similares. Debería haber un mecanismo para evitar esta situación. Es una especie de baja temeraria: si una empresa presenta 500 trabajadores, las otras cuatrocientos y pico. No había otra opción", declara a El País.
De este modo, si para construir un edificio de más de 200 pisos se necesitarían unos 150 operarios, en Madrid se emplea a 440 para una guardería, o 307 para un carril bici de apenas 3 kilómetros. Pero un paseo por las obras constata que solo un par de trabajadores están subidos al andamio trabajando.
El Plan E ha provocado el síndrome del "todo por la pasta", que pone a prueba la inventiva de las cosntructoras para conseguir la adjudicación de las obras. El Ayuntamiento de Madrid ya ha contratado a una consultora para que investigue estos inclumplimientos, reclamando los datos laborales de las empresas y las cotizaciones sociales de cada trabajador contratatado para ver la duración y el tipo de contrato. Pero las directrices estatales continúan siendo las mismas en toda España: acabar con la sangría del desempleo, a costa de generar empleo precario.