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Según publica el diario El País, la ley -que según advirtió el Gobierno andaluz no podrá aprobarse esta legislatura- establecerá que el derecho de acceso a la vivienda se regirá por los ingresos familiares, según sean inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), sustituto del salario mínimo interprofesional, o sean ingresos superiores pero insuficientes para acudir al mercado libre.
Mientras Carme Chacón animó a todas las Administraciones Públicas, "al margen de colores políticos", a que adopten medidas similares, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, dijo que "son cosas que suenan bien, pero luego hay que aplicarlas, y aplicarlas significa restricciones económicas", señaló en declaraciones a la Cadena Ser.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, explicó el rechazo de Solbes en que "los ministros de Economía, y he conocido a muchos, cuando se trata de aumento del gasto social se ponen un poco a la defensiva".
Tras la reunión presidida esta tarde por el secretario del PSOE andaluz, Manuel Chaves, con los secretarios provinciales del partido, el responsable de Organización, Luis Pizarro, dijo a los periodistas que las críticas de Solbes "hay que entenderlas dentro de la normalidad" y se mostró convencido de que "cuando conozca el contenido del proyecto de ley, estará absolutamente de acuerdo con el mismo y será un colaborador nato".
Anunció que el PSOE convocará a su Consejo Territorial, en el que están representados sus alcaldes y presidentes de Diputación, al considerar que los ayuntamientos tienen "un papel trascendental" en el impulso de la citada ley, al tiempo que anunció la colaboración activa de los alcaldes en la puesta en marcha del Pacto Andaluz por la Vivienda.
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