El Pleno del órgano fiscalizador del Parlamento, dominado por la mayoría de los consejeros nombrados a propuesta de PSOE e IU, acordó el pasado 12 de julio suprimir el párrafo del anteproyecto de informe que señalaba directamente al presidente, José Antonio Griñán, como responsable de la financiación irregular del denominado "fondo de reptiles" en su etapa como consejero de Economía y Hacienda de Manuel Chaves (2004/09). Tras la filtración de aquel primer informe, se esperaba un movimiento escandaloso por parte del gobierno de coalición, pero su envergadura cobra aspecto mayúsculo cuando se repara en que el primer informe, ahora mutilado, fue elaborado bajo la presidencia de quien hoy es consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, el comunista Rafael Rodríguez.
Tras la filtración ocurrida a finales de mayo de este año, 26 de los 312 párrafos del documento inicial han sido reformados, con el voto discrepante de los consejeros del PP. Según El País, algunos párrafos, que venían avalados por un exhaustivo trabajo de campo que duró 14 meses, han sido eliminados directamente. La auditoría, encargada por el Parlamento andaluz hace nada menos que 17 meses, describía el caos y las irregularidades de la gestión de la Consejería de Empleo, que repartió sin control, y hasta entonces, 1.217 millones de euros entre empresas en crisis durante una década.
Chaves y Griñán, de la picota a la mera duda
El punto clave del primer informe, ahora amputado, era un párrafo dado a conocer por ABC, en el que se decía textualmente lo siguiente : "el Consejo de Gobierno (presidido por Manuel Chaves y José Antonio Griñán según los años) y el Titular de la Consejería de Hacienda (José Antonio Griñán en aquellas fechas) han autorizado a lo largo del periodo 2001 a 2010 modificaciones de créditos que no se ajustan a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta".
Los autores de la auditoría censuraron directamente la actuación de Griñán, sin mencionarlo expresamente, por ser el responsable de autorizar las continuas modificaciones presupuestarias que, finalmente, iban a formar parte del "fondo de reptiles". Dicho con claridad, Griñán sería responsable, en el primer informe de la Cámara de Cuentas, de haber consentido los procedimientos de transferencias de financiación en lugar de las clásicas subvenciones excepcionales, facilitando que el dinero se usara para fines distintos a los presupuestados.
Ahora, tras la cirugía de la mayoría del Pleno de la Cámara de Cuentas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán pueden descansar por cuanto la nueva redacción que se conocerá en unos días, les quita la mayor parte del peso de encima y explica con claridad por qué fueron atrasadas las comparecencias de ambos en la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz.
El interventor general de la Junta, también gana
Se sabía, por el informe filtrado, que la Cámara de Cuentas en el primer documento auditor, señalaba asimismo la responsabilidad del interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez (2000-2010), por lo que la batalla entre ambos era conocida. Tras la rotunda declaración de Gómez en la Comisión de Investigación donde afirmó haber elaborado hasta 15 notas informativas sobre las irregularidades ocurridas en la Consejería de Empleo y haber señalado con claridad a todos los consejeros y viceconsejeros de Empleo de la Junta implicados, dejó claro que aunque su papel fuera discutible por no haber emitido un informe de actuación donde precisara con exactitud cómo había que hacer las cosas, es claro que subrayó los defectos del procedimiento empleado. Aprovechó el momento el interventor para acusar a la Cámara de Cuentas de no haber intervenido nunca en este asunto pese a las alarmas puestas en marcha por él mismo.
En el nuevo informe, el peligro latente que representa el interventor para todos los señalados en este asunto, ha quedado cuando menos reducido. Según El País, entre el anteproyecto del informe filtrado el pasado mayo, y la versión actual, los cambios son llamativos. Uno, especialmente, sobre el papel de la Intervención.
En el primer informe se decía: "La Intervención debió emitir el denominado Informe de Actuación por haber constatado que los gestores de Idea [la agencia pagadora de las ayudas] no adoptaban las medidas necesarias para solventar las deficiencias detectadas".
Lo que podrá leerse en el nuevo informe redactado en verano es lo siguiente: "La ausencia de Informe de Actuación sólo puede deberse a que por parte de la Intervención no se apreciaron circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".
De este modo parece que la airada reacción del interventor Gómez -que pidió conocer los nombres de los auditores para ejercer contra ellos acciones judiciales-, y que atacó frontalmente a la Cámara por haber ignorado el fondo de reptiles durante diez años, ha tenido éxito.
Sus palabras en el documento que dirigió a la Cámara fueron: "Resulta realmente asombroso que no exista ningún pronunciamiento de la Cámara de Cuentas en todo el periodo 2001-2011, a pesar de las múltiples señales que ha recibido a lo largo del mismo de las presuntas debilidades y deficiencias que ahora revela en su informe... No es posible contemplar sin estupor el espectáculo del órgano de control externo de la Junta, tantas veces llamado a pronunciarse, tan profusamente exhortado a hacer oír su voz y a cumplir con su obligación ante unos hechos que así lo exigían, e ignorándolos con aparente desdén durante tantos años... Realmente, estremece pensar qué diferentes habrían podido ser las cosas en este asunto (...) si la Cámara de Cuentas hubiera estado a la altura de las circunstancias en el momento en que aparecieron ante sus ojos por primera vez pruebas tan evidentes de un procedimiento que adolecía de debilidades tan notorias (...) Por eso resulta tan estruendoso este silencio tan prolongado".
Tras el informe primero de la Cámara y tras sus rigurosas investigaciones, la juez Mercedes Alaya ya había señalado en sus autos a Empleo, al Consejo de Gobierno y a la Intervención General. Para rematar su faena a favor de la Junta, en el nuevo informe se ha incluido la tramitación parlamentaria para subrayar que el fondo estaba consignado en los Presupuestos, argumento clave esgrimido por la Junta para defender la legalidad del procedimiento.