Munición para el separatismo. La obcecación del Gobierno ha conseguido reagrupar a las formaciones separatistas. Roger Torrent, el presidente republicano del Parlament mantiene a Carles Puigdemont como candidato a la investidura y la fecha del próximo martes para el pleno, que si no queda suspendido por el Tribunal Constitucional, arrancará a las tres de la tarde. Persiste la incógnita de si el expresidente de la Generalidad será capaz de presentarse en la cámara o permanecerá en el santuario bruselense.
El Gobierno insiste en que Puigdemont no es elegible por sus circunstancias judiciales, la imputación de los delitos de sedición, rebelión y malversación, pero el separatismo rebate la teoría de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría mostrando el acta de diputado del prófugo, cuya fuga no le impidió encabezar una candidatura que resultó la segunda más votada el 21-D, por detrás de Ciudadanos. Si pudo liderar una lista, arguyen, puede presidir la Generalidad.
El informe del Consejo de Estado no es vinculante. Tampoco la opinión de los letrados de la cámara catalana, pero el mismo personal jurídico del Parlament que se pronunció en contra de una investidura a distancia coincide con el órgano consultivo del Gobierno. Si Puigdemont comparece en persona, puede ser votado para el cargo. Consta el precedente en 1987 del etarra Yoldi en el parlamento vasco, que estaba en prisión, pero pudo participar en una sesión de investidura como candidato de Batasuna a "lehendakari".
Los letrados de la cámara
El equipo de abogados del Parlament ha sido ninguneado por los grupos separatistas por ceñirse a la ley y destacar el carácter ilegal de las resoluciones parlamentarias del último tramo de la pasada legislatura.
Los letrados llegaron a interrumpir plenos para advertir a los diputados nacionalistas de que se estaban saltando la ley e incurrían en desobediencia a resoluciones del Tribunal Constitucional. No son sospechosos de parcialidad independentista. Su superior, el "letrado mayor" Antoni Bayona, insistía este mismo viernes, durante una conferencia en el parlamento vasco, en el escaso recorrido aparente del recurso instigado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Puigdemont no está inhabilitado.
Otra cosa, apuntaba, es que pretenda ser elegido sin moverse de Bruselas."Se produciría otro día negro en el Parlamento", afirmó Bayona, que es de la opinión de que el Gobierno debería haber esperado al martes, fecha fijada para la investidura, para presentar el recurso en caso de que Puigdemont no hiciera acto de presencia. En ese supuesto, la sesión podría ser impugnada tanto por la vulneración del Estatuto y el reglamento de la cámara, que no contemplan la investidura no presencial, como por lesionar el derecho de los diputados a mantener un debate con el aspirante a presidente.
En este contexto de críticas generalizadas al movimiento del Gobierno, el presidente del Parlament se sube a la parra, anuncia una querella contra el Ejecutivo de Rajoy por fraude de ley y mantiene el pleno de investidura de Puigdemont para el martes. Desde la perspectiva separatista no le queda otro remedio. Contempla, eso sí, que el Tribunal Constitucional cancele sus planes, por lo que se niega a hacer "valoraciones casuísticas" hasta que haya una resolución.
Otro fallo de comunicación
Vuelven a fallar con estrépito los canales de comunicación de Moncloa en Cataluña. La precipitación de Sáenz de Santamaría, que ha pillado desprevenido a medio Gobierno, obstruye la capacidad de maniobra de ERC para vetar a Puigdemont y favorece al separatismo.
Los republicanos esperaban un recurso gubernativo que incidiera en las tesis de los abogados del Parlament respecto a la investidura a distancia para forzar un cambio de candidato por parte de Junts per Catalunya, pero la impugnación preventiva los arroja a las manos de Puigdemont, que acumula material para arremeter contra el Gobierno y galvaniza aún más a sus partidarios.