No hace mucho, comentaba el Juez Garzón que un Tribunal Penal Internacional permitiría perseguir no sólo a Ben Laden sino también a los que ordenaron las represalias sobre Afganistán. De su afirmación se deducen dos cosas: que hacen bien los americanos en temer la llamada justicia internacional y que los partidarios del TPI no han explicado suficientemente el alcance de la nueva legislación. La justicia del tribunal no se ocupará sólo de los monstruos a lo Hitler y Pol Pot, sino que estará también en condiciones de acusar a los Clinton, Aznar y Solana. Aplíquese a Kosovo, por ejemplo, el artículo 8/2/b/II del Estatuto de Roma (“Es crimen de guerra dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares”) y nos sale que estamos gobernados por criminales de guerra.
Pero no sólo de la guerra se ocupa el nuevo Tribunal. También vigila los crímenes de “lesa humanidad” (en esencia, hacer mucho mal a ciertas gentes), que son de difícil delimitación. De hecho, ya se habla de acusar de este crimen al Papa por su oposición al preservativo antiSIDA. La definición de genocidio, por otra parte, ha sido ampliada para incluir bajo su rúbrica “la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo” (Art 6/b). Viendo la opinión que le merece a la ONU el tratamiento de emigrantes en España, si yo fuera alcalde de Melilla me echaría a temblar.
Todavía no está definida la cuarta categoría, la de los crímenes de agresión. ONGs de todo tipo presionan para que la Corte sea la base sobre la que se construya una legislación universal vinculante. Así, el Caucus de Mujeres, que se ha preocupado muy mucho de colocar a su gente en el Tribunal, desea que se considere como criminal la discriminación a la mujer y, también entre las feministas, hay quien pretende que el Tribunal garantice los “derechos reproductivos”.
Pero volvamos a los crímenes de guerra, y a las consecuencias estratégicas del Estatuto de Roma. Los estados miembros, convencidos de que no tendrán que volver a usar de la violencia en sus conflictos exteriores, han firmado un tratado que les hace muy difícil luchar guerras. Una bomba mal lanzada, una operación que acabe en desastre, cualquier acto cometido entre el miedo, odio y fragor de la batalla puede ser considerado crimen de guerra. Habida cuenta de que el cumplimiento de una orden no es eximente (Nüremberg), el TPI genera un clima de inseguridad jurídica que alcanza toda la cadena de mando. No es hipótesis. Ya en Macedonia e Irlanda de Norte han aparecido tensiones entre autoridades civiles y militares a causa de este temor. Pues los crímenes de guerra no prescriben, y lo que hoy parece la política adecuada mañana puede ser percibido como aberración que necesita de chivo expiatorio para ser purgada.
Los políticos aseguran que atarán corto al TPI para que no extralimite sus funciones. Pero la burocracia ya ha nacido, y tanto los jueces estrella que la quieren dirigir como la izquierda exquisita que la alienta (y ayuda a financiarse) se jactan sin rubor de tener en sus manos un instrumento para tratar de imponer su justicia al mundo. A algunos eso les suena bien, a otros nos parece que la sensatez no es un valor en alza.
En Internacional
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro