Puigdemont: "A mí no me puede inhabilitar nadie". ¡Joder con el Rey Sol!; precisamente el Estado de Derecho nació para limitar el poder del monarca absoluto.
Hay culturas que encarcelan a sus mujeres en burkas, el catalanismo ha logrado cegar con esteladas la capacidad para discernir entre lo que es un Estado democrático de Derecho y un colosal fraude democrático sostenido en el tiempo e inducido por un relato adobado de falsedades, victimismo y odio al diferente.
Restituir la verdad en Cataluña implica acabar con ese relato, liberar la libertad crítica de sus feligreses.
Si hay algo miserable en el relato independentista es la apropiación de la democracia para ocultar su hedor clasista y sus tintes xenófobos. Pero si tenemos que empezar por restaurar la verdad en Cataluña, es preciso hacer pedagogía de filosofía política básica. Empezando por lo más elemental. Es decir, enseñándoles a discernir entre las reglas democráticas de un Estado de Derecho y el contenido particular de la ideología de cada cual.
¿Por qué incumplir las leyes o pretender imponer una legalidad paralela a la Constitución apesta a totalitarismo? Porque nos retrotrae a la legitimidad de las monarquías absolutas del Antiguo Régimen, contra la que nació la noción de Estado liberal de Derecho. El concepto de Estado de Derecho implica que el poder del Estado está limitado por el Derecho. Todos, desde el más insignificante ciudadano hasta los más altos cargos de la Administración del Estado –y sus acciones–, están limitados por el Derecho. Ese detalle, y la separación de poderes, fue el gozne sobre el que se erigió la legitimidad democrática contra la mentalidad totalitaria de las monarquías absolutas, y es el gozne sobre el que giran todas las formas democráticas de los Estados democráticos de Derecho en la actualidad. Pretender preestablecer o suplantar ese Estado de Derecho por supersticiones populistas diseñadas por el alto mando mediático de TV3 es un atentado contra la democracia misma, por mucho que se empeñen Puigdemont y su secta en dar nombre de democracia a lo que sólo es la voluntad menor o mayor de la subjetividad de una colectividad. Toda manifestación es símbolo de la libertad en un Estado de Derecho, pero ninguna de ellas, independientemente de su número, puede suplantarlo.
Puigdemont, Forcadell, Junqueras y el rebaño que les sigue no han entendido que no es la opinión subjetiva de una colectividad lo que otorga legalidad. Si así fuera, la ley no serviría para nada, los más fuertes, los más numerosos, los más ricos, los que dispusieran de más medios, podrían imponer su voluntad sin más limitación que los límites de su capacidad para imponerla al resto. La razón legítima no la da mi subjetividad, sino el respeto a las reglas democráticas que entre todos nos hemos dado.
Creen, o nos quieren hacer creer, que, porque ellos la consideran justa, su causa está por encima de la ley. No han entendido ni una palabra de la democracia. Si así fuera, cualquiera estaría legitimado por sus valores subjetivos o su sentido de la justicia a cumplir o a incumplir las leyes. Pero si cualquiera lo pudiera hacer, ¿qué diferencia habría entre la ley de la selva y esa idílica democracia cegada por un burka mental estelado?
Debo recordarles que en la ley de la selva solo ganan los más fuertes. Precisamente todas las teorías contractualistas que fundamentaron los Estados liberales de Derecho, fundamento de los Estados sociales y democráticos de Derecho actuales, nacieron para acabar con ella e instituir un pacto donde la paz, la seguridad, la propiedad y la libertad fueran garantizadas por el Estado.
Volvemos al punto de partida, cuestionar las reglas de juego, saltarse los criterios, en definitiva, incumplir las leyes de un Estado de Derecho es justificar al más fuerte. Y este suele ser un déspota. Aunque el déspota en un momento determinado les parezca maravilloso a muchos.