Occidente ha conseguido convertir algunos de sus valores en disparates. Sobre todo, el Occidente progre. Nuestro gobierno es su punta de lanza. El último consiste en sostener que si un menor marroquí cruza ilegalmente la frontera de Ceuta, la responsabilidad sobre su vida, educación, alimentación y futuro pasa automáticamente de sus padres y de Marruecos a España. ¿En virtud de qué principio moral?
Un menor no acompañado es, antes que inmigrante, un menor separado de su familia. Un menor marroquí que llega solo a Ceuta no deja por ello de tener una familia, unos responsables legales y un Estado de origen.
Por tanto, la primera obligación de cualquier sociedad civilizada debería ser localizar a sus padres, comprobar sus circunstancias y, si existen condiciones adecuadas, reunirlo con ellos, responsables primeros de su vida, con la colaboración necesaria del Estado de procedencia.
Y si sus padres han muerto, han desaparecido, son incapaces de atenderlo o suponen un peligro para él, la responsabilidad siguiente corresponde al Estado del que es ciudadano. En este caso, Marruecos. Solo cuando ninguna de esas soluciones resulte posible deberá España asumir subsidiariamente su protección. Eso se llama Estado de Derecho. Pedir que se cumpla la ley no es racismo. Hasta el moño de anatemas por atreverse a pensar.
Precisamente Alberto Núñez Feijóo acaba de expresarlo de manera desacomplejada a propósito de la entrada masiva en Ceuta: "Ni mayores ni menores. Han de regresar todos". Ha exigido devolver a Marruecos a quienes hayan entrado ilegalmente y ha rechazado el traslado a la Península de 500 niñas proyectado por el Gobierno. También eso es Estado de Derecho, y no racismo, porque la soberanía es uno de sus fundamentos.
Hasta el propio Gobierno, en sus infinitos bandazos, reconoce ahora que la reagrupación familiar debe ser prioritaria "cuando resulte posible" (por sus obras o disculpas lo conoceréis). España y Marruecos firmaron en 2007 un acuerdo para la protección y retorno concertado de menores no acompañados. El Tribunal Supremo, al declarar ilegales las devoluciones realizadas en 2021, no prohibió retornarlos: exigió estudiar individualmente cada caso, oír al menor cuando proceda y comprobar que su regreso respeta su interés superior.
Lo moralmente grotesco empieza cuando convertimos la excepción en norma y hacemos desaparecer a los responsables originarios.
La última crisis de Ceuta lo retrata brutalmente. Los días 30 y 31 de julio entraron desde Marruecos 72.000 personas, según la cifra oficial del Gobierno. Una cantidad casi equivalente a la población de Ceuta. Interior aseguró después que unas 70.000 habían regresado a Marruecos.
Y aquí surge la pregunta que nadie en el Gobierno parece interesado en formular: ¿cómo pueden atravesar una frontera 72.000 personas y volver decenas de miles por ella inmediatamente después sin que Marruecos tenga una responsabilidad política evidente en semejante descontrol?
Más desconcertante aún: mientras Ceuta está colapsaba, Interior calificaba de "ejemplar" la colaboración con Marruecos y agradecía sus esfuerzos contra la inmigración irregular.
No es la primera vez. En mayo de 2021 entraron masivamente unas 12.000 personas, alrededor de 1.500 menores según recoge el propio Tribunal Supremo, después de que las fuerzas marroquíes relajaran el control fronterizo en plena crisis diplomática por la acogida en España del líder del Polisario, Brahim Gali.
Meses después llegó el giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. España pasó a considerar el plan marroquí de autonomía como "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto.
Desde entonces, cada crisis deja la misma sensación inquietante: España paga, acoge, justifica y agradece; Marruecos controla el grifo migratorio, reclama Ceuta y Melilla y conserva la capacidad de presionar.
No conocemos acuerdos ocultos ni podemos afirmar que existan chantajes. Aunque todos los indicios apunten a ello. Pero sí conocemos una evidencia políticamente inaceptable: los españoles no sabemos qué precio exacto estamos pagando por esta relación de dependencia diplomática. Los ciudadanos de Ceuta, sí. Y muy cara. Se sienten agredidos, indefensos, invadidos. Sin futuro. Y eso es inaceptable. Son parte de la soberanía española… para pagar impuestos. Y el silencio de las feministas, atronador. A pesar de las violaciones a niñas.
Y mientras tanto hemos olvidado lo más elemental: proteger a un niño no consiste necesariamente en quedárnoslo, sino, siempre que sea posible y seguro, devolverlo a su hogar. ¿O acaso el Estado español no exige responsabilidades a los padres españoles por sus hijos y su bienestar?