Con el telón de fondo de la renuncia del presidente boliviano Carlos Mesa, la recién finalizada XXXV Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Fort Lauderdale se ha saldado con una interesante aproximación a la crisis regional, en cuyo centro palpita la fragilidad de las instituciones democráticas. Lamentablemente, dicha aproximación no desembocó en la creación del comité de supervisión sugerido por Estados Unidos en su Declaración de la Florida: la iniciativa, como suele ocurrir cuando están de por medio las burocracias latinoamericanas, se diluyó en un racimo de palabras huecas.
La primacia de los derechos individuales y las reglas de juego democráticas sobre una concepción represiva de la soberanía, que ve en el ciudadano a un rehén del Estado o, en su defecto, del llamado “principio de no intervención”, debería servir como punto de partida para institucionalizar, con la creación de mecanismos supervisores, el “principio de no indiferencia” promovido por Washington. Se trata de establecer condiciones para que las libertades civiles y el estado de derecho no sean soberanamente violados en la región, y en este sentido la OEA está inmejorablemente posicionada.
La eficacia de la iniciativa dependería, sin embargo, de que el comité de marras fuera capaz de estructurarse en torno al seguimiento de una serie de indicadores básicos: independencia de poderes, libertad religiosa, de expresión y de asociación, transparencia electoral, respeto a la propiedad privada, etcétera. Se trata de indicadores que por su universalidad y funcionalidad no pueden ser fácilmente manipulados, al tiempo que su presencia evitaría intromisiones foráneas, que es lo que dicen temer los detractores de la idea.
Para la crítica reaccionaria, la creación del comité de monitoreo contribuiría a sentar las bases de una estructura de dominio norteamericana. Es así que el déficit cultural de las élites regionales, nucleadas, salvo honrosas excepciones, por una visión del mundo y la política antediluviana, resulta fundamental para entender el caos latinoamericano y la depreciación de sus instituciones. Para estas élites, lo importante no es revitalizar unas democracias crecientemente híbridas, refugiadas en la coartada de la no intervención, sino salvaguardar sus intereses a través de la represión, explotación y manipulación de sus respectivos pueblos, que es en lo que consiste la soberanía imbocada por los Chávez, Castro y compañía.
Si realmente la OEA pretende renovarse debe implementar mecanismos que profundicen el estado de derecho en el continente. El nuevo secretario de la organización, José Miguel Inzulsa, quiere abrirla a la sociedad civil y al sector privado con el objetivo de hacerla más participativa y, en consecuencia, tendría que ir más allá. El Observatorio Interamericano de la Democracia, propuesta que más de cien organizaciones no gubernamentales hicieran pública en Fort Lauderdale –y que de concretarse facilitaría que agrupaciones ciudadanas independientes detecten “señales de alarma tempranas frente a situaciones de deterioro institucional”-, podría servir de referente, porque la esencia clientelista, cuando no abiertamente represiva de algunos gobiernos latinoamericanos, los inhabilita en materia de supervisión democrática.
