ETA, además de haber vuelto a las instituciones vascas con la marca Bildu y al Congreso y al Senado con Amaiur, tendrá a partir de este próximo fin de semana su propio partido, Sortu, legalizado el pasado mes de junio por el Tribunal Constitucional. Las bases de eso que algunos llaman "la izquierda abertzale" han votado masivamente por que el histórico dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi sea el secretario general de la nueva-vieja marca de ETA. Pero como está en la cárcel de Logroño condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo y no saldrá de la misma hasta el 2016, esas mismas bases han decidido que se guarde el puesto a semejante "hombre de paz", según le calificó en su día José Luis Rodríguez Zapatero.
En unos momentos en que los escándalos de corrupción lo invaden todo y salpican todo –desde la Jefatura del Estado hasta los principales partidos nacionales, pasando por clanes como el de los Pujol–, habría que subrayar que la mayor corrupción moral y ética que se ha producido en nuestro país en los últimos tiempos ha sido la de permitir, propiciar y alentar que ETA volviera a las instituciones.
En esa tarea se emplearon con denodado esfuerzo seis miembros del Tribunal Constitucional –no conviene olvidar sus nombres–, que en junio votaron a favor de la legalización de Sortu, echando así para atrás una decisión en sentido contrario del Supremo. Pascual Sala, Eugenio Gay, Luis Ortega, Pablo Pérez Tremps, Adela Asua y Elisa Pérez Vera fueron esos seis hombres y mujeres valientes, gallardos, ejemplares que siguieron la estela política de Zapatero, Rubalcaba y Patxi López a favor de la legalización, que ni Rajoy ni el actual Gobierno del PP han hecho nada por evitar.
Esos seis magistrados del Constitucional y toda la caterva de políticos que, por acción –PSOE y PNV– o por omisión –PP–, propiciaron la legalización de la nueva marca de ETA quizá duerman tranquilos, pero los hechos son tozudos y demuestran lo miserable, desde el punto de vista moral, y lo errado, desde el punto de vista político, que fue devolver a ETA el poder que la Ley de Partidos le había quitado. Dos años y cuatro meses después de haber anunciado su particular "alto el fuego" definitivo, ETA es, a través de EH-Bildu, la segunda fuerza política en el Parlamento vasco, gobierna la Diputación de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián y un buen número de consistorios en el País Vasco y en Navarra; además, tiene grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados (en este caso, con la coalición Amaiur).
Además, la banda terrorista sigue sin disolverse, no ha entregado las armas y no ha pedido perdón a las víctimas. Sigue sin esclarecerse un buen número de sus crímenes y, lo que es peor, las víctimas están comenzando a ser las grandes olvidadas, las grandes sacrificadas por las instituciones y, me temo, por una parte de la sociedad, que prefiere pasar página y mirar hacia el futuro con el argumento de que ETA ha dejado de matar y eso es ya más que suficiente.
La decisión de Sortu de reservar a Otegi el puesto de secretario general a sabiendas de que tiene que cumplir condena hasta el 2016 no deja de ser sorprendente, salvo que alguien con autoridad les haya hecho llegar algún mensaje tranquilizador respecto a ese plazo. Vista la clarividente política antiterrorista de este Gobierno del PP, supuestamente liderada por el aturullado ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que se guía por el consejo de unos asesores del Ministerio de la época de Rubalcaba, que él mantiene, o por genios del PP vasco como Oyarzabal y Semper, cualquier cosa es posible. Y si no que se lo pregunten al torturador/secuestrador de Ortega Lara, Josu Uribetxeberria Bolinaga, ese enfermo terminal que dedica parte de su tiempo a tomar vinos en Mondragón, la localidad guipuzcoana donde, junto a otros tres terroristas, tuvo privado de libertad durante 532 días al entonces funcionario de prisiones.