El jefe del sanchismo aprobará este martes, con el asentimiento de sus serviles ministros, lo que se conocerá como "Plan de Acción por la Democracia", lo cual, viniendo de quien viene, es como para echarse a temblar. Un Plan sobre el que Sánchez vio la luz, que se sepa no hubo ninguna iluminación especial que proviniera de fuera de los muros de la Moncloa, en esos cinco días que se tomó en el mes de abril para meditar sobre su futuro, a raíz de conocerse que su mujer estaba siendo investigada por un juez en el conocido como caso Begoña. El resultado de esa meditación ya se sabe cuál fue, utilización rastrera de la persona del Rey incluida.
Como el jefe del sanchismo y algunos de sus siervos —más que colaboradores— son unos auténticos trileros en el manejo del lenguaje, lo que el Consejo de Ministros aprobará este martes se debería llamar, para ser más exactos, "Plan de Sánchez para acabar con el derecho a la información".
Para justificar este plan, el jefe del sanchismo ha manifestado este lunes a sus diputados y senadores que "en España nos enfrentamos a la desinformación, a la máquina del fango. Nuestra democracia está asediada por esas campañas de desinformación y de bulos, presiones a periodistas y corruptelas".
Y lo ha dicho, sin ruborizarse lo más mínimo, el mismo día que El Confidencial ha publicado a toda página una noticia titulada de la siguiente manera: "el PSOE prepara en secreto una campaña contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña". A continuación, esa información detalla que "el PSOE lleva meses diseñando en secreto una campaña de desinformación y acciones judiciales contra magistrados, fiscales y medios de comunicación para tratar de diluir las investigaciones contra Begoña Gómez y Koldo/Ábalos".
Añade que "Ferraz plantea lanzar la campaña de forma inminente, coincidiendo con el inicio del curso político y el agravamiento de su debilidad parlamentaria. El secretario de organización del partido, Santos Cerdán, supervisa los preparativos con la ayuda de una fontanera del PSOE, María Leire Díez Castro". Por supuesto que las dos personas citadas en esta información han desmentido que estén dedicados a esas tareas. El navarro Cerdán es que invierte bastante tiempo en viajar a Suiza para negociar con el prófugo Puigdemont.
En sus explicaciones a sus diputados y senadores, el jefe del sanchismo ha dicho que el Plan "mana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz". El inquilino de la Moncloa sabe de sobra que el artículo 20 de la Constitución dice mucho más que eso. En el punto 1.a de este artículo, la Carta Magna señala que "se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción" y en el 1.d "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades".
El gran motivo que ha llevado a Sánchez a elaborar este plan contra la libertad de información tiene dos nombres: Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano que están imputados por dos jueces distintos por diferentes delitos. Además, se da la circunstancia que ninguna de las informaciones publicadas hasta la fecha por diferentes medios de comunicación sobre las actividades presuntamente delictivas de ambas personas han sido desmentidas por los interesados. Entonces, ¿por qué el jefe del sanchismo elabora un Plan para actuar contra los medios de comunicación? La respuesta es obvia, y como diría Felipe González, hasta Zapatero sería capaz de darla.
Aparentemente el Plan que aprobará este martes el Consejo de Ministros pondrá el acento sobre la transparencia a la hora de conocer quiénes son los propietarios de los medios, es decir, los accionistas, y cómo se financian. Esta es una idea muy interesante, porque así podremos saber, con datos reales, qué maniobras hizo el Gobierno, progresista por supuesto, para salvar económicamente al Grupo Prisa; o, ya que está de actualidad, si la Moncloa intervino por personas interpuestas o directamente en la contratación por TVE de David Broncano, con un contrato de 28 millones de euros por dos temporadas, ya que al parecer el señorito de la Moncloa estaba muy obsesionado con intentar hundir el programa de Pablo Motos, El Hormiguero de Antena 3, al que considera demasiado corrosivo para su proyecto político, progresista por supuesto.
Bienvenida la transparencia sobre la propiedad y la financiación de los medios, pero, por favor, señor jefe del sanchismo, no lo llame "Plan de Acción por la Democracia". Viniendo de usted, no es que suene fatal, no es que no se lo crea nadie; simplemente supone, ya sabemos que eso no le importa lo más mínimo, tomar a los ciudadanos por tontos. Pero si prefiere esto último, no hay problema, siga así, porque, aunque usted no se lo crea, se está cavando poco a poco su tumba política.