Hernani, en la provincia de Guipúzcoa, era, hasta este lunes, uno más de la generosa colección de pueblos del País Vasco donde se homenajea a etarras dedicando monumentos y plazas en su nombre. Una decisión del juez Grande-Marlaska ha puesto fin a una situación tan anómala como insultante con las víctimas de los homenajeados. Es, se mire por donde se mire, un ejemplo que debe seguirse allá donde se exalte el nombre y la memoria de los asesinos etarras.
Si el hecho en sí mismo es loable, no lo es tanto la rapidez con la que se ha tomado esta resolución judicial. El monolito y la placa que honran al etarra José Aristimuño, alias "Pana", llevan instalados en un céntrico parque de Hernani desde hace 25 años. En este tiempo nadie había hecho nada por retirar semejante atentando contra el sentido común y, lo que es peor, contra la memoria de las víctimas. Quizá por miedo o quizá por la desesperanza del que cree derrotada su causa. Ha sido, una vez más, esa parte de la sociedad civil vasca que no se rinde ante nada, la que ha tenido que elevar su voz sobre el espeso silencio cómplice que reina en las Vascongadas.
La asociación Dignidad y Justicia, junto al Foro Ermua y las familias de cuatro víctimas del carnicero homenajeado en Hernani, han puesto la primera piedra de un movimiento cívico que no debería detenerse en este puntual pero importantísimo logro. Quedan muchas placas, muchos monolitos y muchos hijos predilectos que nunca debieron serlo. Contamos ahora y siempre con ese tejido social vivo e insobornable que no olvida y que tiene a la Justicia por bandera. Sólo queda que los que la administran sepan estar a la altura.