Zapatero ha respondido con una amenaza camuflada de silencio a las declaraciones fortuitas de Díaz Ferrán, presidente de la patronal española, en las que consideraba que la peor parte de la crisis era consecuencia de la nefasta gestión socialista de la economía. El presidente del Gobierno ha apelado a la responsabilidad para no enturbiar el clima de diálogo social. No ha dudado, eso sí, de elogiar a los sindicatos quienes, no en vano, son los únicos que no critican al Ejecutivo. Parece que Zapatero sólo acepta el incienso como valoración de su acción política, la disidencia merece el silencio displicente.

Aunque se entiende la prudencia de la patronal a la hora de realizar valoraciones políticas –ya que por desgracia las zarpas del Estado siguen siendo muy largas– no deja de llamar la atención el contraste existente entre los agentes sociales: mientras que los sindicatos sólo saben hacer política, la patronal se niega rotundamente a ello.

Probablemente sea, como decimos, porque los sindicatos viven de la política y de los políticos mientras que los empresarios sobreviven a pesar de ellos. Pero aún así, la libertad de empresa –esto es, el respeto a la propiedad privada– que podrían reclamar los empresarios como auténticos pilares de la sociedad y de la prosperidad económica, muchas veces se ve silenciada en exceso por el celo de prudencia.

Por fortuna, algunos empresarios exitosos, sobre cuya fortuna Zapatero no tiene demasiado poder, comienzan a hablar claro. Adolfo Domínguez, diseñador de prestigio internacional, responsabilizó a las políticas socialistas del "peor tsunamí" económico desde la Gran Depresión y reclamó, con toda la razón del mundo, el reconocimiento de la labor de los empresarios como la "base para hacer civilización".

Adolfo Domínguez sabe de lo que habla porque conoce de primera mano el mercado. Es consciente de que el intervencionismo nos ha abocado a esta desastrosa situación y de que, pese a lo que proclama Zapatero, no necesitamos más Estado, sino mayor libertad económica.

Pero el presidente del Gobierno no acepta semejante diagnóstico, ya que la realidad le importa más bien poco. La suya es una cruzada ideológica para implantar, aprovechando la coyuntura de la crisis, una socialdemocracia mucho más agresiva contra la propiedad privada. Este domingo propuso en Vistalegre un cambio en el modelo productivo de España, pasando del ladrillo a la innovación y del petróleo a las energías renovables.

Desde luego, nuestro país necesita un reajuste de su estructura productiva, pero Zapatero está lejos de conocer su dirección. Más bien, en línea con lo apuntado ayer por Adolfo Domínguez y desde hace siglos por la ciencia económica, el Gobierno tiene que permitir que sean los empresarios quienes descubran qué compañías tienen que cerrarse y cuáles han de crearse y desarrollarse. La labor del Estado, aparte de garantizar la seguridad jurídica (inexistente hoy en España), debería ser simplemente no entorpecer ese proceso. No intentar liderarlo como si de un comité de planificación soviética se tratara.

Pero Zapatero desea incrementar la esfera de acción del Estado y no duda en intervenir activamente en la economía, aun cuando lo haga de manera esquizofrénica. Al tiempo que señala que hacen falta más ordenadores y más sociedad de la información, grava con impuestos a las empresas de telecomunicaciones para financiar industrias ruinosas como la televisión pública o el cine nacional. Justo cuando dice confiar en que las energías renovables contribuyan a la recuperación económica, su ministro de Industria advierte del grave riesgo que suponen al encarecer la factura eléctrica y generar burbujas especulativas (pocas semanas después, eso sí, de que intentara engatusar a los estadounidenses de lo contrario).

Es cierto que la crisis económica no es, en su origen, responsabilidad del Gobierno (sino de las expansiones crediticias de los bancos centrales), pero también es verdad que las políticas socialistas de restricción artificial del suelo y de desprotección de los arrendadores contribuyeron primero a inflar la burbuja y las de rigidez laboral y de gasto público están agravando ahora el pinchazo.

Es necesario profundizar en esta guerra ideológica y dejar claro que no ha sido la libertad de empresa, sino el intervencionismo que representa Zapatero, quien ha engendrado y agravado la crisis.