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17-VIII-2009

Preparando el terreno

Pensamos que cualquier cosa sería mejor que Bermejo en el Ministerio de Justicia y seguramente acertamos. Pero que lo actual sea ligeramente mejor que lo que se fue de cacería en cacería no significa que sea bueno. De hecho, en muy pocos días Caamaño ha demostrado que pertenece exactamente a la misma ganadería sectaria y amante del uso alternativo del Derecho, que tanto aprecian los magistrados de izquierdas porque les permite saltarse la Ley a la torera para hacer lo que los suyos les dicen que conviene.

Para los fieles practicantes de esta alternativa a la manera tradicional de hacer Justicia, es decir, aplicar la ley, el Derecho debe emplearse como herramienta al servicio de las clases oprimidas frente a las dominantes. Desde su punto de vista, naturalmente, eso supone que el juez debe dictaminar lo que su conciencia de izquierdas diga que debe dictaminar, al margen de las leyes aprobadas en el parlamento o de la Constitución que protege los derechos de los ciudadanos frente al poder.

Si no fuera porque algunos jueces consideran que sus ideas deben pasar por encima de la Constitución que aprobamos en referéndum todos los españoles, nadie tendría ninguna duda de que el TC echaría abajo una buena parte del Estatuto catalán. De hecho, cuando desde el Gobierno de esta región española se ha presionado al tribunal para que dé su beneplácito al texto no se ha intentado defenderlo desde una perspectiva jurídica, sino que se ha procurado imponerlo bajo la idea de que si algo ha sido aprobado por la mayoría de los catalanes, las pocas personas que interpretan la Constitución carecen de legitimidad para echarlo abajo. Sin embargo, al dar esta razón olvidan un hecho esencial, como es que la carta magna ha sido aprobada por todos los españoles y tiene un rango superior a cualquier estatuto regional, que sólo es aprobado por una parte de los ciudadanos.

Ahora Caamaño, preparando el terreno para un fallo que use el Derecho como herramienta al servicio de la clase dominante, la política, ha argumentado que "no ha pasado nada excepcional" tras dos años de aplicación del Estatuto catalán. Suponemos que al ministro de Justicia no le parecerá excepcional que se apruebe una ley educativa que proscribe el idioma que "todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar", según la Constitución, y que es una de las cosas que aún unen a todos los ciudadanos de nuestro país. Pero lo más asombroso es que no le parezca excepcional que un texto legal de constitucionalidad tan dudosa se esté aplicando sin esperar a que el TC se pronuncie al respecto.

El problema, no obstante, es que no es sólo el Gobierno y los nacionalistas quienes están aportando su granito de arena para hacerles más tragable a los miembros del TC el sapo jurídico que se tendrían que tragar de bendecir el Estatuto tal cual está. También el PP parece haberse sumado a esta carrera enterrando toda oposición a este intento de voladura controlada del régimen nacido en 1978, prefiriendo un hipotético pacto con CiU que la defensa de sus ideas en todas las regiones de España. ¿Qué pueden hacer los españoles cuando ninguno de los dos partidos que pueden gobernar defiende unas ideas compartidas por la mayoría de los ciudadanos?


 

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