La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puede disputar legítimamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuál se parece más a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en su definición clásica: “cuatro siglas, cuatro mentiras”. En el fraude de Gescartera es evidente que las responsabilidades abarcan más de una década al máximo nivel: Croisier, Armesto, Valiente, sin olvidar el vicemáximo, donde Ramallo ha pulverizado cualquier confianza moral en las actuaciones políticas contra la corrupción. Pero hay un elemento especialmente grave que identifica a la CNMV con los desmanes habituales de la Agencia Tributaria: dos inspectores de la Comisión pasaron a convertirse en empleados de Gescartera al máximo nivel. De la Serna y Alcaraz, como esos inspectores fiscales que se convierten –nunca sabemos cuándo– en asesores fiscales, prueban que los mecanismos de corrupción en los límites de vigilantes y vigilados no es que estén borrosos: es que no existen o que pueden eludirse cómodamente si se tienen amigos dentro y fuera.
Las responsabilidades históricas de Pilar Valiente vienen de su larga convivencia –aunque conflictiva a veces– con Armesto y Ramallo, sin que en ningún caso denunciara irregularidades que hoy son evidentísimas. También accedió dos veces a los requerimientos del jefe político de Gescartera, el Subsecretario de Hacienda para comer con su hermana y escuchar las quejas de la banda gescarteril. Aceptó una solución que apesta a prevaricación: cambiar la condición legal de Gescartera, según ella para “controlarla” mejor, en vez de poner a Camacho y compañía en manos del juez de guardia. Por añadidura, no contó en el Parlamento ni la décima parte de lo que hemos sabido después. Por mucho que se alabe en los medios afines al Gobierno su buena fe y su voluntad clarificadora, las deficiencias en su actuación durante bastante tiempo en el Caso Gescartera hacen obligatoria su dimisión. Si antes pone las bases para derribar ese inmenso edificio de corrupción e incapacidades que es la CNMV, se hará un favor a sí misma y al país. España, digo.
Por otra parte, la pérdida de confianza o, para ser exactos, la descalificación que Pilar Valiente ha sufrido por parte de su superior político, Rodrigo Rato, ha sido tan zafia y brutal que, aunque sólo fuera por propia estimación, ya debería haberse ido a casa. Entre otras cosas, para que el gran responsable de esta situación, que es el ministro de Economía, no tuviera ni excusa ni burladero para sus deficiencias y fallos que, en todo lo que se refiere a la CNMV, son infinitamente mayores que la de la todavía presidenta. Valiente debe dimitir antes de que la destituyan físicamente. Moralmente, sólo les ha faltado darle garrote vil. Y si, como creemos, Valiente no tiene nada que ocultar en lo que a dinero negro y comisiones ilícitas o “regalos” millonarios se refiere, como tantos de la CNMV, no se entiende cómo todavía sigue ahí.
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