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Columna publicada el 19-04-2001
Para la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, "No es justo que un parado pague un 40% y un pensionista con 260.000 pesetas no pague nada" por los medicamentos. Tiene razón en ambas afirmaciones, aunque por motivos erróneos, ya que la comparación entre ambas es irrelevante. Uno y otro, parado y pensionista, deben pagar el total de los fármacos y servicios sanitarios que necesiten, ya que no es justo que se le pase la factura a otra persona inocente que no guarda ninguna relación con su enfermedad. Cada cual se paga todo lo suyo (no un porcentaje arbitrario), y si pretende que le inviten más le vale pedirlo y no exigirlo. Es triste estar enfermo, pero es más triste robar, aunque sea disimuladamente a través de los presupuestos del Estado. Desgraciadamente la auténtica justicia no es políticamente correcta y ha sido pervertida por la demagogia de la solidaridad estatal.
El famoso copago es una tímida medida propia de políticos que actúan según la reacción popular a globos sonda que anuncian sus intenciones. La intención de reducir el gasto público farmacéutico es buena, pero la solución real es explicar a los ciudadanos que no existen las comidas gratis y que nadie tiene derecho a vivir a costa de los demás, ni siquiera los pobres, los desempleados o los ancianos. En un mercado auténticamente libre y competitivo, las empresas productoras y distribuidoras de medicamentos se verían obligadas a reducir al máximo sus márgenes de beneficio, proporcionando a los consumidores mejores medicinas a precios más asequibles. Pero a la ministra, gran defensora del grupo de interés formado por los dueños de farmacias, no le gusta el mercado libre, y no está de acuerdo con que los fármacos que no necesitan receta se puedan vender en supermercados.
Pagar los bienes o servicios que se reciben según la renta del beneficiario es un absurdo igualitarista (igual que la tasa fiscal progresiva). ¿Se imaginan hacer la compra con la declaración de la renta bajo el brazo? Los productos en tiendas y mercados tendrían sofisticadas etiquetas con diferentes precios para los diversos clientes. Como los ricos no suelen serlo por su falta de astucia, mandarían a los pobres a hacerles el favor de comprarles lo que necesitan a cambio de una pequeña comisión. Por otra parte, ¿cómo se trataría a quienes no obtienen ingresos pero disponen de riqueza acumulada?
Evidentemente cuando uno se paga sus propias medicinas tiene perfecto derecho a exigir que le reduzcan sus impuestos, no va a pagar encima dos veces por lo mismo. Como es natural las federaciones sindicales de pensionistas se oponen al cambio, no les gusta perder sus privilegios. Igualmente protestan numerosas organizaciones de consumidores de inspiración colectivista: "Si se atreven a hacer que los jubilados se paguen las medicinas, imagínate lo que harán con nuestras subvenciones".
Así que salud, dinero y amor para todos, sobre todo dinero ganado honradamente para cuidar cada uno su propia salud.

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