El Parlamento Europeo votará el próximo mes de noviembre la propuesta de la Comisión conocida como REACH. Se trata de la enésima aplicación del “principio de precaución” a las actividades empresariales de los europeos. En esta ocasión la idea consiste en regular un sistema de registros, evaluación y aprobación de las 30.000 sustancias químicas que se producen, se utilizan o comercian en el viejo continente. Un costosísimo sistema que las empresas estarán obligadas a costear y que, por lo tanto, el consumidor tendrá que pagar.
Ya me he referido con anterioridad a varios problemas fundamentales que el “principio de precaución” trae consigo. En general supone la prohibición o el encarecimiento injustificado de una actividad para eliminar un supuesto riesgo asociado. Sin embargo, toda acción humana conlleva incertidumbres y riesgos. De modo que si llevarla a cabo tiene un riesgo asociado, su prohibición también lo tiene. Así, nuestros gobernantes nos impiden asumir ciertos riesgos bajo responsabilidad de quien desarrolla la actividad y nos impone otros que con frecuencia son mucho mayores. El DDT, su prohibición para uso agrícola y los millones de muertos a causa de la malaria a los que esa prohibición contribuye es un caso clásico.
Los engendros políticos que surgen del “principio de precaución” también debilitan las formas naturales de combatir el riesgo a través de métodos que surgen de la cooperación social como la innovación, el ahorro y la fortaleza de instituciones como los seguros. Existen miles de productos químicos que diariamente nos facilitan o nos salvan la vida y hay muchísimos más que están por descubrir. El REACH conlleva el mayor coste o la prohibición de utilizar de manera responsable algunos de los productos que conocemos y dificultar, retrasar o incluso llegar a impedir el descubrimiento de los que aún no tenemos debido al lastre que este sistema regulador supone para la innovación y el verdadero progreso social.
Pero el REACH no sólo tiene todos los efectos nefastos de la expropiación de la gestión individualizada del riesgo y su sustitución por una estatal y centralizada. Implica además un elevadísimo coste que tendrá un fuerte impacto sobre las industrias pequeñas y medianas en las que el volumen de producción no justifica los nuevos gastos que representa el REACH. Este hecho podría explicar por qué muchas grandes empresas químicas apoyan la nueva regulación.
