El Presidente del Gobierno firmará hoy la nueva Directiva de Defensa Nacional. Con ese acto cumplirá con una de las rutinas de todo nuevo Gobierno, pero por desgracia el documento suscrito no cambiará en nada la orientación de nuestra política de defensa. Es una lástima porque la amenaza que pesa sobre nuestra seguridad nunca había sido tan elevada como lo es hoy. Frente a esta realidad, el Presidente se limita a afirmar que el instrumento militar no es el adecuado para combatir la amenaza terrorista. Lo único que podemos agradecerle es que al menos no mencione la Alianza de Civilizaciones en el documento.
No es tarea del GEES asesorar al Gobierno, algo que dado el grado de desorientación mostrado en su política exterior, de seguridad y de defensa resultaría imposible. Pero movidos por nuestro sentido de responsabilidad intelectual, quizá amparados también por un espíritu navideño del que el Gobierno reniega, nos vamos a permitir darle tres orientaciones sobre lo que esta Directiva debería decir y no dice.
En primer lugar, la Directiva debería hacer un diagnóstico más completo de las amenazas que hoy nos acechan. Es cierto que menciona la amenaza terrorista, pero no hace referencia alguna a la proliferación de armas de destrucción masiva, una realidad que la Estrategia de Seguridad Europea reconoce como la amenaza más peligrosa para el futuro. Tampoco hay referencias a la amenaza que suponen los estados fallidos o aquellos que se sitúan al margen de la legalidad internacional. No se mencionan amenazas muy presentes para nuestro país como el crimen organizado o el tráfico de seres humanos, muchas veces interrelacionados con el terrorismo.
Estas amenazas no se contemplan porque la Directiva sigue anclada en un viejo concepto de defensa militar. El documento parece elaborado más por un burócrata que por un político y por un militar más que por un civil. La gran revolución pendiente de nuestro pensamiento estratégico es tomar conciencia de que la frontera entre las amenazas exteriores y las amenazas interiores ha desaparecido en un mundo globalizado en el que vivimos, que catalogar a las amenazas como militares o no militares, convencionales o no convencionales carece ya de sentido. Asumir este carácter integral de la amenaza y el reconocimiento de que España se encuentra por varias causas en primera línea de un conflicto global en el que el terrorismo es tan sólo uno de sus instrumentos, es la primera y principal carencia de la Directiva que hoy se aprueba.
No reconocer esta naturaleza multidimensional de la amenaza conduce a un segundo error en el diseño de una respuesta adecuada a la misma. Lo esencial para poder hacer frente a esta amenaza grave y urgente sería integrar en una sola estrategia y en una única estructura de control todos los instrumentos de seguridad de los que dispone el Estado. Así, la creación de un Mando de Operaciones o de una Fuerza Conjunta de Reacción sería muy apropiada para una Directiva de Defensa Militar posterior, pero lo esencial en la Directiva de Defensa sería la creación de un Consejo de Seguridad u órgano similar que permitiera diseñar una respuesta global a la amenaza que nos acecha. Nada de esto, sin embargo, se propone en el texto.
Por último, la Directiva debería recoger un principio de equilibrio entre el creciente peso económico y político de nuestro país en la comunidad internacional y la muy escasa dimensión de nuestras capacidades militares. España continúa siendo hoy el país europeo de la Alianza Atlántica que realiza un menor esfuerzo en defensa. Esa escasez de recursos para nuestras Fuerzas Armadas no está en consonancia ni con la gravedad de la amenaza a la que nos enfrentamos ni con el papel que quiere jugar nuestro país en el mundo. Mientras no exista un compromiso en este sentido, las Directivas de Defensa tendrán mucho de papel mojado y poco de realidad sustantiva.
Somos conscientes de que ninguna de nuestras recomendaciones tiene cabida en la doctrina Zapatero. Para el Presidente del Gobierno el uso de la fuerza resulta contraproducente para combatir las amenazas actuales. La única misión legítima de nuestras Fuerzas Armadas, más allá de la defensa de nuestro territorio, sería la participación en operaciones de mantenimiento de la paz, siempre que estén amparadas por Naciones Unidas y asumidas previamente por nuestro Parlamento. Hay que reconocer que sobre ese constreñimiento conceptual resulta imposible construir ni una Directiva de Defensa Nacional, ni lo que es más grave, una defensa eficaz.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos