Solidaridad burocrática

Desde tiempos inmemoriales, el Estado ha sido utilizado por una minoría como herramienta para vivir a expensas del resto de la población. Asimismo, la historia del desarrollo de las instituciones sociales ha sido una lucha constante por impedir el abuso del aparato gubernamental en beneficio de la burocracia.

Es indudable que la búsqueda de un mejor gobierno tuvo su punto culminante en la Ilustración, los siglos XVII al XIX. Fue entonces cuando se sentaron las bases que hicieron posible el surgimiento de sociedades libres. Y lo absolutamente novedoso fue que tal libertad no era una concesión del soberano, sino el ejercicio de un derecho inherente a la propia gente.

No obstante, sería ingenuo sostener que después de esa época ningún grupo trató de apoderarse del aparato estatal para medrar a costa de la ciudadanía. Pero encontraron un muro aparentemente infranqueable: el prestigio alcanzado por la democracia liberal.

Fue entonces cuando los políticos descubrieron que la perversión del lenguaje es un arma increíblemente eficaz para alcanzar sus objetivos. Así, conceptos altamente valorados como los de justicia, solidaridad, derechos, generosidad, etc., pasaron a significar, muy frecuentemente, todo lo contrario a la definición original.

Veamos algunos ejemplos de mi país. En 1990, la izquierda asumió el Gobierno departamental de Montevideo, la capital del Uruguay. Como forma de demostrar su "generosidad", el alcalde electo aumentó los sueldos a todos los empleados del municipio, a la vez que les rebajaba el horario de trabajo. Gracias a los buenos "sentimientos" demostrados, desde entonces Montevideo es gobernada por ese mismo partido político.

En 2001, mientras un tsunami económico y financiero hacía temblar al mundo entero, el entonces alcalde Mariano Arana firmó un generoso convenio con el sindicato municipal que contemplaba ajustes de sueldo por inflación y demás medidas "bondadosas". Arana es conocido por su afición a viajar. Desde que fue nombrado ministro de Vivienda en 2005 viaja al exterior, en promedio, una vez cada 67 días.

En el 2001, el PIB uruguayo cayó un 3,4 por ciento, y en el 2002 un 11 por ciento más. Múltiples empresas privadas quebraron y el desempleo se disparó cerca de 20 por ciento, pero los empleados públicos son inmunes porque son "inamovibles".

El cinismo de políticos y burócratas parece no tener límites.