Al contrario de lo que se piensa, al Gobierno le interesa, y mucho, que la gente siga fumando, ya que dicho hábito le genera pingües beneficios.
Los políticos son conscientes de que el tabaco, debido a la adicción que genera la nicotina, tiene una demanda muy inelástica, de modo que su consumo apenas varía por una subida o una bajada del precio. El Estado aprovecha esta circunstancia para subir los impuestos sobre tal producto, con lo que incrementa sus ingresos, si bien luego, de cara a la opinión pública, trata de ocultar este hecho presentándose como el gran defensor de la salud de los ciudadanos.
Nada más lejos de la verdad. Los datos así lo demuestran.
La recaudación fiscal vinculada al tabaco no ha dejado de crecer un solo año. Así, el Estado ingresó 9.842,3 millones de euros en 2010 por medio de los impuestos especiales y el IVA que pesan sobre el tabaco; 7.966,1 millones correspondieron al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, y los 1.876,2 millones restantes al IVA.
Esos 9.842,3 millones supusieron un 4,19% más que lo recaudado en 2009 y un nuevo récord. No es de extrañar, si se tiene en cuenta que los impuestos representan casi el 84% del precio de una cajetilla: el Estado se fuma 16 pitillos por paquete.
Desde 1990, los ingresos derivados del tabaco se han multiplicado por seis gracias a las constantes subidas tributarias que han tenido que soportar los fumadores. Desde entonces, éstos han aportado a las arcas públicas más de 115.000 millones de euros. Pongamos esta cifra en perspectiva: los fumadores pagan cada año en impuestos el equivalente al 25% del Impuesto de Sociedades y al 15% del IRPF. Cada fumador paga, de media, algo más de 1.000 euros al año en impuestos asociados al tabaco.
En teoría, las leyes antifumadores se promulgan con la intención de reducir el consumo de cigarrillos y el número de fumadores, pero la realidad, una vez más, es bien distinta. En España, el porcentaje de fumadores apenas ha variado en los últimos años. De hecho, ha aumentado ligeramente desde 2006, en que se aprobó la ley que acaba de ser reformada y endurecida. Si en 2006 fumaba el 34% de los mayores de 15 años, en 2009 lo hacía el 35% (la media de la UE-27 es del 29%). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2009 fumaban 9,23 millones de españoles.
Así pues, es evidente que la ley ha obtenido un rotundo fracaso en la consecución de los objetivos que perseguía; a no ser, claro está, que el fin último del Ejecutivo sea otro. Y es que, efectivamente, aunque el número de fumadores apenas ha variado un 1%... y al alza, en vez de a la baja, la recaudación fiscal derivada del tabaco ha subido en el mismo período de tiempo (2006-2009) un 20,8%, o sea, 1.700 millones.
Sin duda, el tabaco es un negocio muy rentable para el Estado.