Crisis política

La negociación de la financiación autonómica no puede haber comenzado con peor pie. El lehendakari Ibarretxe persiste en su referéndum ilegal para la autodeterminación a pesar de haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional. El presidente catalán amenaza al presidente del Gobierno con seguir creándole nuevos problemas. En medio de una crisis económica que el Gobierno empieza a asumir como la más compleja de la historia, se cierne sobre España una crisis política cuyos efectos pueden ser aún más desastrosos.

 

Los españoles estamos pagando en este segundo mandato socialista los platos rotos de la anterior legislatura. Estamos sufriendo las consecuencias de la inacción económica de un Gobierno que se dejó arrastrar por la bonanza heredada sin hacer nada para cambiar un  modelo de crecimiento que ya entonces parecía agotado. Ahora tenemos que pagar también las consecuencias políticas de las cesiones de Zapatero a sus socios soberanistas, a los que entregó buena parte del Estado a cambio de seguir gobernando.

 

Rodríguez Zapatero creyó que la cuestión territorial de España era un problema heredado de Aznar que él podría resolver a base de talante, diálogo y negociación. Sin embargo, las múltiples entrevistas con el lehendakari vasco no parece haber influido mucho sobre el ánimo de Ibarretxe para desistir de su proyecto soberanista. Más bien al contrario, esos encuentros han sido utilizados por el lehendakari para adquirir mayor protagonismo, han sido interpretadas como un signo de debilidad, se le han abierto expectativas que son constitucionalmente inasumibles y se ha potenciado el victimismo del que tanto ha abusado el nacionalismo vasco.

 

En el caso catalán, fue el propio Zapatero el que impulsó un nuevo estatuto que tiene muchas posibilidades de ser declarado inconstitucional, a pesar del afán controlador que este Gobierno está exhibiendo sobre el Tribunal Constitucional. Una sentencia contraria al Estatuto podría contener el proceso confederal que alienta Zapatero, pero generará al mismo tiempo una previsible radicalización de nacionalistas y socialistas catalanes. En todo caso, el desarrollo del Estatuto está provocando ya un buen número de problemas en su aplicación, no sólo en la relación entre ambos gobiernos, sino también en la propia configuración del modelo territorial. En este sentido, es evidente que los efectos a largo plazo del nuevo estatuto catalán están resultando mucho más peligrosos que el impacto político inicial de la reforma.

 

En este ambiente de desafío al Estado por parte del nacionalismo y de crisis económica total, el Gobierno ha decidido embarcarnos en una reforma del modelo de financiación autonómica que no ha podido comenzar peor. Por un lado, el Gobierno ha publicado unas balanzas fiscales, en una nueva cesión a las demandas nacionalistas, que sólo han servido para aumentar el sentimiento de agravio y la demagogia insolidaria que algunos han convertido en su única arma de cara a la negociación que se avecina. Por otro, la propuesta inicial del vicepresidente segundo del Gobierno apunta a que el sentido político de la reforma es dar más dinero a los que más tienen y menos a los que menos tienen, algo que resulta inaceptable para la mayoría de las comunidades. La única salida es aumentar en todo caso el dinero que recibirán todos, aunque en distinta proporción, lo que tendrá el efecto o de incrementar el déficit público, o subir los impuestos a los ciudadanos, o como es más probable, ambas cosas a la vez. Justo lo contrario de lo que deberíamos hacer para afrontar la dramática crisis económica en la que nos encontramos.

 

Salir de esta doble crisis económica y política, a la que previsiblemente deberemos sumar en otoño una crisis social, exigiría un gran acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales. Mariano Rajoy  ya ha ofrecido al Gobierno su ayuda para adoptar las medidas económicas que son imprescindibles para afrontarla. El PP ha realizado además varias ofertas al PSOE para consensuar nuestro modelo territorial. El problema es que lo único de lo que Zapatero quiere hablar con el líder de la oposición en su próximo encuentro es sobre cómo lograr un mayor control político del Poder Judicial. El poder parece seguir siendo la única preocupación que mueve a Zapatero.