El Ministerio del Interior hace agua por todos sus frentes. La Kale Borroka y la extorsión se recrudecen en el País Vasco, poniendo en solfa el proceso de negociación con ETA iniciado por Zapatero. La inseguridad ciudadana aumenta, no sólo por el crecimiento del número de delitos, sino sobre todo por la nueva delincuencia importada más violenta y peligrosa. La inmigración ilegal se ha multiplicado como consecuencia de una política migratoria irresponsable y ante la impotencia del Gobierno para poder solucionar ahora el problema que él mismo se ha creado.
Ante esta situación catastrófica, Alfredo Pérez Rubalcaba, que había llegado al ministerio dispuesto a ponerse la medalla de la paz, se ha visto obligado a ejecutar una reforma radical en el seno del departamento. Por un lado, ha hecho una profunda remodelación de su organigrama. Por otro, ha cambiado a algunas de las personas claves dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Todo ello, sin embargo, le va a servir para muy poco. ETA seguirá aumentando la presión sobre el Gobierno, la delincuencia seguirá creciendo y los cayucos llegarán cada vez con mayor intensidad. El problema de Interior no es de organigrama ni de relevos policiales. La clave es la necesidad urgente de un cambio profundo en las políticas de seguridad socialista que están conduciendo a nuestro país a una situación alarmante de inseguridad.
En materia de terrorismo es necesario abandonar de inmediato la política de negociación con ETA y volver a la estrategia del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que conducía irremediablemente a la derrota definitiva de la banda asesina. A un mínimo de honestidad que tuviera el actual Ministro del Interior, debería reconocer que ETA no ha cesado en su acción criminal, ni en lo que se refiere a la extorsión ni en lo que se refiere al terrorismo callejero. Y mucho menos ha dado la más mínima muestra de voluntad de querer abandonar la violencia antes alcanzar sus objetivos políticos, sino más bien todo lo contrario. Mientras el Gobierno persista en su voluntad de negociar con la banda en estas condiciones, sólo cabe esperar una intensificación de las acciones criminales de ETA.
El cese del actual Jefe de la Comisaría General de Información del CNP era ineludible tras las sospechas de que la policía pudiera estar detrás de un soplo a la banda terrorista ETA sobre supuestas investigaciones judiciales. Este comisario aparecía además muy contaminado por posibles errores relacionados con la investigación del 11-M. Tendrá también un efecto positivo para devolver la normalidad a una Comisaría clave sometida por el cesado a una politización creciente. Pero este cese servirá para poco si no va acompañado de un cambio radical en la actual política de apaciguamiento frente a los terroristas.
La medida estrella de la reforma, la unificación del mando del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, plantea aún más interrogantes. Si el Gobierno apuesta por un cambio en el modelo policial español debería promover, como se había comprometido, una modificación en la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Hacer esta reforma saltándose la legalidad vigente no hará sino generar múltiples problemas jurídicos y organizativos y generar una enorme incertidumbre e inestabilidad en nuestro sistema de seguridad.
El momento elegido para esta iniciativa tampoco puede ser más inoportuno. Con una negociación abierta con ETA, la inseguridad en crisis y la inmigración ilegal en ebullición, realizar experimentos como el que se pretende con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más que importuno resulta insensato.
La teórica unificación del mando, ya veremos si efectiva, genera además nuevas dudas sobre la voluntad última del PSOE de desmilitarizar la Guardia Civil y fusionarla con el Cuerpo Nacional de Policía. Este es un debate siempre latente en el socialismo español que puede resucitar ahora tras haber sido precariamente enterrado por el Gobierno actual. El énfasis puesto por Rubalcaba en desmentir esta posibilidad nos hace estar especialmente preocupados sobre cuál puede ser su verdadera voluntad. En todo caso, la unificación del mando sólo puede ser racionalmente interpretada como un paso en esa dirección. En definitiva, la medida introducirá aún mayor incertidumbre en el seno de la Guardia Civil sobre el futuro del Cuerpo.
En todo caso, luchar contra la delincuencia que asola nuestro país no es problema de uno o dos directores. La solución, que no es fácil, pasaría por aumentar la presencia y la eficacia policial en nuestras calles, por abordar las reformas legislativas necesarias para hacer frente a los nuevos tipos de delincuencia y hacer más costoso el precio del delito para los criminales, por aumentar el control de nuestras fronteras para que nuestro país no sea un coladero de delincuentes internacionales. En definitiva, es necesaria una revisión en profundidad de nuestra política de seguridad ciudadana que corrija los errores cometidos hasta ahora por el Gobierno y que están provocando un aumento real de la inseguridad en nuestro país.
No creo necesario abundar en la necesidad de un cambio total en la política de inmigración practicada hasta ahora por el Gobierno, política que está en la base de la terrible crisis migratoria que ahora padecemos. Recuperar en Interior parte de las competencias que nunca debieron salir de este departamento puede ser un modo de desautorizar al Ministro de Trabajo, pero es una medida claramente insuficiente para abordar el problema. Es necesario volver a la política de firmeza frente a la inmigración ilegal, en consonancia con nuestros socios europeos, tras el estrepitoso fracaso de la política de "papeles para todos" que aún hoy sigue practicando Caldera.
En definitiva, ni los cambios en el organigrama, ni los ceses de un par de responsables policiales, generosamente compensados además por los servicios prestados al partido, podrán sacar al Ministerio del Interior de la crisis total en la que se encuentra. Para ello sería necesario un cambio tan profundo en nuestra política de seguridad que en mi opinión sólo sería posible con un cambio de Gobierno.
