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Ignacio Cosidó

Eta es una

Cualquier concesión es interpretada por los terroristas como una muestra de debilidad y cualquier aproximación a una parte de su colectivo como una nueva oportunidad para el diálogo o la negociación.

El Gobierno de Zapatero quiere hacernos creer ahora que hay una ETA buena y una ETA mala, que dentro de la banda hay un sector duro y otro blando, unos dispuestos al diálogo y otros obcecados en el asesinato. Pero la realidad es que en una organización asesina y totalitaria como ETA la disidencia interna es imposible y, si existe, se paga con la expulsión e incluso con la muerte. El objetivo último del Gobierno no debe ser conseguir una más que improbable división de ETA, sino lograr de una vez la derrota definitiva de ETA.

Las concesiones, los privilegios o el diálogo con el sector supuestamente más moderado de la organización terrorista no sólo se ha demostrado inútil históricamente para crear escisiones dentro de una estructura criminal que ha saldado sus diferencias asesinando a los díscolos. Supone una nueva humillación inadmisible para la dignidad de las víctimas de los asesinos ahora considerados como razonables hombres de paz, debilita la credibilidad de nuestro Estado de Derecho y constituye una afrenta al conjunto de los demócratas españoles que hemos sufrido ya durante demasiado tiempo la embestida brutal del terrorismo sin pedir venganza, pero sin claudicar de un principio de justicia.

La negociación con ETA ha sido sin duda el peor error cometido por Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Un error que lamentablemente ha retrasado el final de la banda terrorista y que supuso una humillación colectiva para el conjunto de los demócratas españoles y de forma muy especial para las víctimas del terrorismo. Pero la negociación que ahora parece pretender el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, con un sector minoritario de la organización terrorista supuestamente moderado, constituye un error aún mayor, porque ni siquiera el más que improbable éxito de esa negociación, al precio de volver a humillar a las víctimas, debilitar nuestro Estado de Derecho y degradar nuestra dignidad democrática, garantizaría el final de la actividad criminal de la banda.

El ministro del Interior debería dedicar todos sus esfuerzos a expulsar a los terroristas de las instituciones democráticas e imposibilitar que nunca más puedan volver a integrar listas electorales, un requisito imprescindible y urgente si lo que busca realmente es la derrota de ETA, y olvidarse de políticas de beneficios penitenciarios que ya demostraron su inutilidad en el pasado. Lo que realmente crea desconcierto y división en la banda terrorista son los golpes protagonizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la exclusión de sus cómplices de la vida democrática y la aplicación de la Ley sin ningún espacio para la impunidad. Por el contrario, cualquier concesión es interpretada por los terroristas como una muestra de debilidad y cualquier aproximación a una parte de su colectivo como una nueva oportunidad para el diálogo o la negociación.    

La única vía para derrotar a los terroristas es cercenarles cualquier esperanza de negociación para el futuro, incrementar la presión policial sobre los criminales, aplicar con el máximo rigor la justicia, asegurar el cumplimiento íntegro de las penas a los condenados, aislar política y socialmente a los violentos, movilizar a la sociedad en el objetivo común de la derrota del terror y defender y proteger la dignidad de las víctimas del terrorismo como uno de los más preciados tesoros de nuestra democracia. ETA es una y debe ser derrotada.

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