El mismo día en que Rodríguez Zapatero trataba de llegar en La Moncloa a un pacto de legislatura con el líder independentista republicano Carod Rovira, al precio de apoyar un Estatuto inconstitucional para Cataluña y destruir la cohesión financiera de España, el secretario de Organización del PSOE, Pepín Blanco, mandaba una carta al secretario General del PP, Ángel Acebes, respondiendo con una comisión de segundo nivel y una agenda indeterminada al ofrecimiento de un Pacto de Estado para salvar España, un acuerdo ofrecido solemnemente por Mariano Rajoy al presidente del Gobierno tras la aprobación en el Parlamento Vasco del Plan Ibarretxe.
Es obvio que del mismo modo que dos no se pelean si uno no quiere, es imposible que dos partidos puedan llegar a un consenso si una de las partes se niega en redondo a ello. Y es evidente también que el PSOE ni puede ni quiere llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular, ni sobre el modelo de Estado, ni sobre la lucha contra el terrorismo, ni sobre política exterior, ni sobre absolutamente nada de nada.
El Gobierno socialista no puede llegar a pacto alguno porque sabe que cualquier acuerdo con el Partido Popular supone la quiebra inmediata de la frágil coalición parlamentaria que ha construido con los independentistas catalanes y con lo poco que queda de los comunistas españoles. Está escrito. El pacto firmado por Maragall y avalado por Zapatero para gobernar Cataluña incluye una cláusula, excluyente y absolutamente antidemocrática, que pone precisamente como condición al PSOE que no mantenga ningún tipo de relación con el PP ni en Madrid ni en Barcelona.
Es cierto que Mariano Rajoy ofreció dentro de su Pacto de Estado un apoyo parlamentario, a cambio de nada, para el caso de que el Gobierno viera peligrar su estabilidad como consecuencia de lo acordado en el mismo. Pero el PSOE no tiene el más mínimo interés en aprovechar esta tan generosa oferta del líder del PP. Es más, la estrategia electoral del PSOE pasa por destruir al PP, no por pactar nada con él y mucho menos por dejarse apoyar.
Un año después de llegar al poder, el PSOE no tiene más ambición como partido que aniquilar al PP, ni más proyecto como Gobierno que destruir la obra de Aznar, ni otro principio de actuación política que no sea exterminar los valores que el PP representa en la sociedad española. El PSOE sabe que la única opción para seguir gobernando más allá de las próximas elecciones es construir su victoria sobre las cenizas del Partido Popular, porque si los ciudadanos se limitaran a juzgar su obra de gobierno, la derrota estaría asegurada.
El PSOE y sus socios nacionalistas han decidido iniciar lo que a ellos gusta llamar una segunda transición democrática que refunde el Estado y reinvente España. El problema es que si la primera Transición fue un ejemplo de consenso y concordia, esta segunda transición se quiere realizar sobre la base de un enfrentamiento visceral con casi la mitad de la población que representa el PP. Si la transición de los años 70 trató de consolidar un proyecto común para todos los españoles, la actual parece tener por objeto abrir la puerta a aquellos territorios que decidan abandonar el barco común. Si nuestra Transición democrática despertó la admiración del mundo entero, nuestros aliados acuden ahora atónitos y con enorme preocupación a lo que algunos describen abiertamente como el peligro de “balcanización” de España.
Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular.
