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Secuestro del Alakrana

Un gobierno cobarde

Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos se deslegitima a sí mismo. Un puñado de marineros españoles permanece secuestrado por una banda de piratas frente a la costa de Somalia ante la angustia creciente de sus familias y convecinos y la impotencia complaciente de nuestro Gobierno. Por debajo de los argumentos jurídicos con los que la ministra de Defensa, Carme Chacón, excusa su inacción, subyace la cobardía de un Gobierno incapaz de proteger a sus ciudadanos y defender los intereses de España en el mundo.

Es difícil en este punto no sentir cierta envidia mirando a nuestros vecinos del norte. No es sólo un problema de las capacidades militares desplegadas para luchar contra los piratas, sobre todo es la determinación política de su Gobierno de defender a sus ciudadanos y sus intereses nacionales en cualquier lugar del mundo donde se vean amenazados. Con respeto a la legalidad internacional, por supuesto, pero también con la determinación necesaria para usar la fuerza legítima en caso de necesidad. En contraste, es la indolencia de Zapatero y Chacón lo que más nos duele como españoles.

No me entusiasma la idea de embarcar infantes de marina o guardias civiles en embarcaciones pesqueras. Esta solución plantea sin duda importantes interrogantes legales y operativos. Pero lo que no es aceptable en ningún caso es la actitud de indiferencia, de dejar abandonados a su suerte a los pescadores o de mirar para otro lado que ha practicado el Gobierno en este caso. Como tampoco creo que sea la solución privatizar nuestra defensa encargando a mercenarios extranjeros dotados de armas de guerra para que hagan el trabajo que nuestras Fuerzas Armadas no pueden o no quieren hacer. En este caso, como en muchos otros, se trata de optar por la solución menos mala y probablemente esta pasa por que sean nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas de Seguridad las que garanticen la seguridad de nuestros barcos y nuestros marineros.

Tampoco es muy gratificante el espectáculo montado en la Audiencia Nacional con el supuesto pirata Willy. Mi opinión es que haber traído a los dos piratas apresados por nuestra Armada frente a Somalia, al menos hasta que el secuestro hubiera sido resuelto, ha sido un error clamoroso. Nada debe ser más prioritario en este momento que la garantizar la integridad y liberar a los marineros secuestrados. Y si encima de ese error inicial se monta el sainete que se ha organizado para determinar la edad del encausado, el resultado es esperpéntico. Argumentos jurídicos había para que estos supuestos piratas hubieran sido puestos a disposición de las autoridades europeas de la operación Atalanta, que para eso se ha constituido. España ni siquiera tiene considerado en su código penal vigente el delito de piratería e intentar hacer frente a este tipo de fenómenos con la legislación aplicable a delincuentes comunes es como tratar de apagar un incendio forestal a base de cubos de agua. En mi opinión, se impone una reforma urgente de nuestra legislación para dar una respuesta penal contundente a este tipo de delitos.

Las bandas terroristas internacionales, las organizaciones de crimen organizado y las flotas piratas son por desgracia actores cada vez más relevantes de este mundo global que vivimos. Este tipo de organizaciones criminales constituyen de hecho la principal amenaza actual a la seguridad de los países democráticos. Es necesaria una revisión en profundidad de la legislación, tanto internacional como dentro de nuestros ordenamientos jurídicos nacionales, para poder hacer frente con eficacia a estas nuevas amenazas. Es preciso a su vez adaptar nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas de Seguridad a las exigencias que nos plantean estos nuevos desafíos. Pero por encima de todo resulta imprescindible la voluntad política de afrontar los problemas, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y la salvaguarda de nuestros intereses nacionales. Si los estados democráticos y de derecho no somos capaces de garantizar la defensa y la seguridad de nuestros ciudadanos, lo que estaremos dañando es la propia legitimidad de origen de nuestros estados.

Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.

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