Desde que asumió la presidencia de México, Felipe Calderón ha estado tratando de "vender" al país como un destino seguro para la inversión extranjera. Su principal argumento es que, a diferencia de otros países, particularmente aquellos en la esfera chavista, en México no habrá expropiaciones de la inversión privada. Aunque es cierto que ese es un elemento que los inversionistas toman en consideración cuando deciden en dónde invertir, hay otras amenazas a los derechos de propiedad. En México resaltan tres fenómenos por resolver antes de poder argumentar que los derechos de propiedad están eficientemente protegidos.
El primero es la enorme incidencia de corrupción gubernamental. La inmensa cantidad de trámites que las empresas están obligadas a realizar y la multitud de permisos que requieren a los tres niveles de gobierno maximizan las rentas de los burócratas chantajistas, que se apropian así de una parte de los beneficios empresariales. Esto, desde luego, equivale a un acto de expropiación y es un atentado en contra de los derechos privados de propiedad, pero ni el Gobierno federal ni mucho menos los gobiernos estatales y municipales han instrumentado las medidas necesarias para reducir significativamente este tipo de corrupción. A mayor corrupción, menores beneficios sobre la inversión, aunque no haya riesgo de expropiación.
El segundo fenómeno mexicano es que existe una enorme incertidumbre respecto a que el poder judicial haga cumplir los contratos. México sufre de una alta incidencia de corrupción judicial. Sin garantía de independencia e imparcialidad por parte del Poder Judicial, decae la inversión, tanto interna como extranjera. Y nada se ha hecho al respecto para garantizar la imparcialidad en la administración de la justicia.
El tercero es la inseguridad pública. El Gobierno ha abdicado en la práctica de su principal razón de ser, que es garantizar la seguridad de los individuos, de forma tal que actos delictivos, como el asalto y el robo, se cometen con notoria impunidad en México. Esto ha obligado a muchas empresas a destinar parte de sus ingresos a pagar por servicios privados de seguridad, lo que aumenta los costes y reduce las ganancias, afectando también así la inversión extranjera. La impunidad de robos y asaltos son, de hecho, expropiaciones de la riqueza privada por parte y en beneficio de delincuentes. Nada se ha hecho al respecto.
Que el presidente Calderón prometa que su Gobierno no expropiará las inversiones privadas extranjeras no significa que vayan a estar seguras en México.
