En la biografía autorizada del juez Garzón de Pilar Urbano, El hombre que veía amanecer, se refleja la labor que realizó en la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico, aplicando, entonces sí, la ley. De ahí degeneró a dedicar sus esfuerzos, en vez de a instruir sumarios, a abrir telediarios, fomentando su ego, con las consiguientes nulidades de actuaciones ante la deficiente instrucción de los casos.
En 1993, el juez de la Audiencia Nacional decidió –aspecto respetable– abandonar la carrera judicial y dedicarse a la política. Se presentó en las listas por el partido de Felipe González como número dos. Por diversas cuestiones –se dice porque no le dieron una cartera ministerial– se incorporó de nuevo a su antiguo juzgado, y curiosamente, su actuación judicial fue decisiva para que se condenara a dirigentes del Gobierno socialista por el GAL. Así de contaminado estaba Baltasar Garzón, pero la ley entonces vigente le permitió la compatibilidad de "vengarse" de sus correligionarios políticos, reflejando así en este hecho su catadura moral.
Ahora están en marcha contra él mismo tres causas abiertas en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación, entre otros. La primera es la de la Memoria Histórica, por perseguir los delitos –sólo contra los del bando republicano– de la Guerra Civil española, pese a la Ley de Amnistía, la Transición, y la evidencia de la muerte de Franco, de quien incluso pidió certificado de defunción. La segunda, la del Banco de Santander, al solicitar a esta entidad ayudas económicas para un curso en Estados Unidos –que le fue concedida– y posteriormente, en vez de inhibirse, sobreseyó y archivó una causa penal contra responsables de dicha entidad financiera. La tercera, el caso Gürtel, al autorizar escuchas entre letrados defensores y sus clientes, vulnerando la ley y el derecho constitucional de defensa.
Ante este aluvión de querellas, el diario El País, de conocida significación política, está desplegando una ferviente defensa del juez de Torres (Jaén), presionando a los magistrados que le tienen que juzgar. Es vox populi que al juez imputado hace mucho tiempo que se le reprocha lo más grave que se le puede acusar a un juez: la falta de independencia judicial, favorecer unos determinados intereses políticos –siempre los mismos– y dictar resoluciones, a sabiendas, contrarias a derecho.
Un juez no puede llamar asesino a Aznar ante los medios de la opinión pública, por mal que le caiga este ex presidente de Gobierno; ni puede dedicarse a investigar los crímenes contra la humanidad –sólo los que tengan relevancia mediática ni sólo por crímenes de dirigentes de la derecha– abandonando el estancamiento de los asuntos en su juzgado; ni puede dejar de investigar el chivatazo del bar Faisán o administrar su investigación a su antojo o conveniencia política; ni puede desatender su trabajo de impartir justicia, dedicándose a viajar y dar conferencias –por cierto, nada mal pagadas– sobre sus inquietudes ideológicas, afines al socialismo; ni puede aplicar la ley antiterrorista –la que tan bien aplicó antaño– según lo "aconseje la jugada" (Bermejo) o sin tener miedo a que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino" (Conde-Pumpido) para favorecer la entonces connivencia política del presidente del Gobierno Zapatero con la banda terrorista ETA; ni se puede ir de cacería a la finca de "Cabeza Prieta" (Jaén) con el entonces ministro de Justicia, el jefe de la investigación policial, y el fiscal (todos partes interesadas en un asunto que él instruye contra el principal partido de la oposición). Y si lo hace, pierde su imparcialidad y la razón de ser de su cargo. Baltasar Garzón tiene que decidir si quiere ser juez, político o conferenciante. Las tres cosas a la vez no son posibles por falta material de tiempo, ni son compatibles entre sí. Con frase castiza, tiene que elegir, y no puede pretender "tetas y sopas".
Va siendo hora de que el Alto Tribunal se deje de corporativismos judiciales y que la misma responsabilidad que se le exige en el cumplimiento de la ley a los políticos, o a cualquier profesional, en virtud del principio de igualdad ante la ley, sea efectiva en este caso concreto. Dicho de otra forma, que el mismo rigor que se les exigió a jueces como Gómez de Liaño, Calamita, o Serrano, ni más ni menos, se aplique con el hasta ahora juez de la Audiencia Nacional. Va siendo hora de que el desprestigio de la Administración de Justicia venga a restablecerse y se demuestre que existe división de poderes, por mucha influencia que haya atesorado el juez Baltasar Garzón, en connivencia con el poder Ejecutivo, que le protege ante tantos servicios bien prestados a su causa. Es de esperar que el Tribunal Supremo, por fin, tenga el valor y la decencia de atender en este caso el clamor popular de hacer justicia, y dar a cada uno lo suyo, y al juez Garzón lo que en derecho le corresponde.