¿Qué más da que los socialistas no llamaran a Rajoy antes de entrevistarse con Batasuna-ETA? ¿Hubiera valido de algo? No. La ceremonia de acercamiento y alejamiento del PP es la calderilla política de la negociación con los etarras. Lo más grave de todo este proceso es que los treinta años de la democracia más próspera y estable que se podía imaginar, no han acabado con el problema secular de España: la cuestión de la legitimidad del Estado. Porque esto es lo que se está dilucidando en esta legislatura.
Es como si fuéramos incapaces de salir adelante, de dejar atrás mezquindades de campanario, uniformes de clase social o integrismos más o menos maquillados. Nuestra historia contemporánea está jalonada de construcciones, levantamientos y derribos de gobiernos y formas de Estados que creyeron ser modernos. El cuestionamiento de la legitimidad estatal ha justificado la lucha, la traición e, incluso, la revolución.
Desde el Cádiz de las Cortes a hoy, el Estado ha carecido de legitimidad para una parte mayor o menor de los españoles. Y nos hemos dado pronunciamientos y guerras civiles, empezando por los cazurros carlistas hasta la del 36. Ni la monarquía constitucional, ya fuera con Isabel II, Amadeo I de Saboya o los Alfonsos, consiguió la eliminación del debate sobre la legitimidad del Estado. Y menos las dictaduras de Primo de Rivera o la de Franco; que qué vamos a decir. Tampoco las Repúblicas. La Primera, la de 1873 y 1874, fue una barra libre de violencia, con cuatro golpes de Estado en once meses y cinco presidentes –el último, Serrano, un militar–, y dos guerras civiles, la carlista y la cantonal. La Segunda hubo de hacer frente a los intentos de golpe militar, a insurrecciones anarquistas, y a la revolución del PSOE y ERC en 1934.
Los nacionalismos forunculares que padecemos en silencio han vivido de cuestionar la legitimidad del Estado, claro está. ¿Qué sería de ellos sin la imagen de ese opresor Estado Español, el "Gran Satán"? Pues que tendrían que empezar a responsabilizarse de su gobierno ante su ciudadanía; toda una novedad.
La mayoría de los españoles creíamos que la Constitución de 1978, la alternancia en el poder, la formación de dos grandes partidos nacionales y la garantía de los derechos individuales, habían consolidado la democracia y, por fin, legitimado el Estado. Ahora podríamos dedicarnos exclusivamente a progresar.
Pero este proceso no ha ido acompañado de una mayor lealtad de los partidos nacionalistas, ni siquiera de los que han ejercido el poder en sus autonomías. Han cuestionado la legalidad y los pilares constitucionales para exigir otro Estado. En julio de 1998 publicaron la Declaración de Barcelona. PNV, BNG y CiU se unieron para decir que el régimen hiperdescentralizado de la Constitución no era suficiente, que era preciso la articulación del Estado plurinacional como paso previo para la autodeterminación. Socialistas y populares no dudaron entonces en criticarlo. Fue hace ocho años, pero parece otra época.
El cuestionamiento de la legitimidad del Estado ha sido algo constante en nuestra historia. Hemos buscado fórmulas de partido, de parte o de parto; guerreando, golpeando al poder y en nombre de un efímero consenso; desde el gobierno, como el PSOE de ZP, y en la clandestinidad. Después de treinta años de aparente tranquilidad, hemos vuelto al redil. Seguimos buscando un Estado.