El gobierno argentino decretará la “pesificación total” de la economía del país austral. Se espera que la medida afecte, no solamente a depósitos y préstamos bancarios, sino también a la totalidad de los contratos, inclusive los ya convenidos. De este modo será obligatoria la “sustitución” del dólar por el peso como moneda “convenida” —no la que convinieron las partes se entiende, sino la que ahora le conviene al gobierno—. El decreto fija asimismo los distintos tipos de cambio a los que deben realizarse las conversiones según las circunstancias de cada contrato.
A la vista de los acontecimientos, parece claro que en Argentina el término “estado de derecho” sigue teniendo exactamente el significado contrario del que originariamente representó. Ni el nazismo, ni el comunismo han servido para enterrar las ideas de Kelsen. “Ley” es lo que diga el estado que es “ley” y “estado de derecho” quiere decir gobernar rellenando diariamente un boletín oficial con los caprichos de los políticos. Sólo un “reaccionario” se atrevería a sostener que la función del gobierno es cumplir y hacer cumplir el derecho y que cualquier otra forma de ejercerlo significa la tiranía. La idea de que los contratos tienen fuerza de ley para las partes y que deben ser cumplidos en los términos en que fueron pactados es propia de mentalidades pequeño burguesas. De enemigos del pueblo que se oponen a la legitimidad emanada de las urnas. En verdad fue lástima para los judíos que Adolf Hitler fuese elegido democráticamente.
Si obligar a aceptar una parodia de pagos que significa recibir menos de dos terceras partes de lo convenido, va a ser el modo elegido por el gobierno argentino para “sanear sus cuentas”, imponer el curso forzoso del peso constituye la mejor garantía para que el estado pueda seguir envileciendo la moneda y de este modo mantener sus clientelas y sus mamporreros. Por lo menos hasta que llegue una nueva hiperinflación como la de Alfonsín. Poco después de la confiscación, volverá el discurso gubernamental favorable a la libre economía y la integración económica. Que nadie se llame a engaño. No es más que una torpe trampa para volver a recibir inversiones que confiscar en el futuro. Quienes sostienen que “la presión fiscal argentina es una de las más bajas” quizás tengan razón. Allí en vez de gravar el 40% de la renta cada año, se confisca el 40% de los patrimonios cada década.
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