Los dos expresidentes andaluces y del PSOE, Chaves y Griñán, tendrán que acudir al Tribunal Supremo a dar cuenta del saqueo sistemático de los fondos para el empleo que, durante una década, tuvo lugar en la Junta de Andalucía cuando ellos estaban al frente del cotarro. Los dos socialistas se acogieron a sagrado en las Cortes con el fin de esquivar a la Justicia ordinaria pero, sobre todo, a la jueza Mercedes Alaya, cuya tenacidad en la investigación de los trinques sociatas constituye un hito sólo comparable al del juez Castro en los juzgados de Palma, con el mérito añadido de que Alaya está todavía lejos de su jubilación al contrario que su colega palmesano.
Chaves y Griñán serán interrogados en el Tribunal Supremo en calidad de imputados, algo que consideraba probable todo el mundo excepto los dirigentes socialistas, a quienes los acontecimientos, incluso los muy previsibles, les acaban siempre sobrepasando. Las dos ruedas de prensa consecutivas del portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, para contradecirse a sí mismo acerca de si los dos jerarcas andaluces han de ser obligados a dejar sus cargos o pueden seguir disfrutando de sus actuales prebendas han ofrecido una imagen penosa de la dirigencia de un partido cuesta abajo en todas las encuestas. Pero lo más pintoresco ha sido la explicación con la que, finalmente, Hernando ha dado el asunto por zanjado.
Según el portavoz socialista, Chaves y Griñán sólo serán obligados a dejar el partido en el caso que resulten "imputados de algún delito". Hasta ahora desconocíamos la existencia de la figura de imputado de algún delito, hallazgo jurídico que debemos a Hernando, seguramente inspirado por Pedro Sánchez, que está últimamente que se sale. Pero como la imputación sin delito es un oxímoron, Hernando debería haber valorado la posibilidad de alumbrar una nueva figura mucho más apropiada al caso de los dos prebostes sociatas andaluces y su idiosincrasia regional: los imputadillos. Imputados, pero sólo un poquito, a pesar de los 800 millones de euros desaparecidos de las arcas del organismo público que ellos presidían.
El episodio grotesco resalta la relación ancilar de Pedro Sánchez respecto a Susana Díaz, la verdadera responsable de este sainete de declaraciones oficiales en torno a un asunto bien sencillo. Tanto como lo demuestra el caso de Tomás Gómez, dirigente socialista apartado de sus cargos a pesar de que, a diferencia de Chaves y Griñán, ni siquiera está imputadillo.