El empresario Víctor de Aldama ha visto reducida ostensiblemente su condena en el caso de las mascarillas por colaborar con la Fiscalía, aportando pruebas de los delitos perpetrados por el hombre de confianza de Pedro Sánchez en el PSOE y su recio escudero. Entonces dijimos aquí, precisamente aquí, que lo más peligroso para los socialistas no era el hecho de que Aldama hubiera cantado en un caso concreto, sino el ejemplo que ha brindado a otros cooperadores de la corrupción del sanchismo para que actúen igual en las causas judiciales en las que están involucrados.
Así lo ha entendido Julio Martínez, Julito, con el asesoramiento de su letrada, que este martes explicó al juez Calama el funcionamiento de su joint venture con Zapatero, gracias a la cual el expresidente socialista habría trincado medio millón de euros, solo por una de las labores de mediación, la del asombroso rescate de una aerolínea sin aviones ni pasajeros, a la que los contribuyentes españoles le soplamos más de cincuenta millones de euros.
Zapatero ha negado en repetidas ocasiones haber mediado en modo alguno para que la compañía venezolana fuera rescatada y el Gobierno sostiene que lo de Julito ante el juez es una mera estrategia judicial. Ambos tienen un problema, porque todo lo que cuenta el empresario alicantino está respaldado por los informes de la UCO y resulta coherente con los documentos que obran en la causa. Desde el hecho de que la suma de las cantidades facturadas por Zapatero a la sociedad instrumental Análisis Relevante equivalen al 1% del rescate de Plus Ultra –según se acordó con los directivos de la compañía–, a los mensajes cruzados celebrando el rescate quince días antes de que el Consejo de Ministros lo aprobara, pasando por la circunstancia de que Julio Martínez es un personaje irrelevante, que jamás podría haber propiciado un negocio de esa envergadura si no fuera porque ahí estaba su socio ZP, todo lo que Julito y los directivos de Plus Ultra le contaron ayer al juez es coherente con los hallazgos de la UCO –joyas incluidas– y el mero sentido común.
Las sospechas de la Fiscalía y los motivos de la imputación de Zapatero por parte del juez instructor tienen ya un aval importante con la declaración de los arrepentidos, que legítimamente aspiran a gozar de los beneficios previstos en el Código Penal si finalmente son condenados. En total, Zapatero podría enfrentarse a una pena de más de diez años, tirando por bajo, y no es descartable que pudiera acabar entre rejas de manera provisional. En el peor de los casos, le queda la carta del Constitucional, claro, pero lo mismo pensaban los golpistas catalanes –con toda razón, como se ha visto–, lo que no impidió que se chuparan unos años de trullo, aunque fuera en el resort que la Generalidad de Cataluña les preparó en la cárcel de Lledoners.
El faro moral de Sánchez debería también ir preparando la impedimenta por si acaba como los ministros y altos cargos de Felipe González, que eran despedidos por la plana mayor del PSOE entre aplausos a las puertas de la prisión. La moralidad del socialismo entre rejas por ladrona sería el epitafio más apropiado del sanchismo si es que alguna vez desaparece de nuestras vidas, lo que nadie a estas alturas está en disposición de asegurar.