La llamada Ley de Nietos ha despertado todo tipo de sospechas por razones bien fundadas. En primer lugar, por tratarse de una norma de Pedro Sánchez aprobada en el Parlamento por el PSOE y sus socios, algo que ya debería promover el rechazo frontal por parte del resto de fuerzas políticas. Si la ha hecho Sánchez es mala para los españoles con total seguridad, aunque las consecuencias de su entrada en vigor no fueran evidentes desde el principio.
En este caso nos encontramos con una ley que remueve los cimientos del cuerpo electoral, eliminando los requisitos mínimos para un cambio de la envergadura del que se está promoviendo. De hecho, el Gobierno ha reconocido implícitamente esto último, suprimiendo del procedimiento para la obtención de la nacionalidad la obligación esencial de que el interesado demuestre que desciende de alguien que se fue de España por motivos ideológicos en el contexto de la Guerra Civil. Ni siquiera en estos casos debería reconocerse el derecho a voto de los descendientes de los exiliados, pero lo que no es aceptable es que también ese requisito desaparezca, con lo que la famosa ley se ha convertido en un coladero para repartir carnés de españoles como si los consulados y las embajadas de España en el extranjero fueran tómbolas de feria de pueblo.
En las sociedades posmodernas, donde el sentido de pertenencia a la patria ha sido arrumbado al trastero del fascismo, nadie se escandaliza de que a personas sin ningún tipo de vínculo emocional con España se les conceda la nacionalidad. En última instancia, la patria es un arcaísmo franquista cuya única funcionalidad es la de detectar fachas en la esfera pública, así que regalarla a voleo en el extranjero no tiene por qué escandalizar a nadie. Bueno, pues a mucha gente sí. A la mayoría de españoles, de hecho, que se niegan a asumir como un hecho inevitable que el Gobierno lo vayan a decidir con su voto personas que nunca han estado aquí.
No puede ser que el voto de una charo residente en Buenos Aires, que nunca ha pagado impuestos aquí, valga lo mismo que el de un autónomo español que se desloma para cumplir con el Gobierno cada mes, simplemente porque uno de sus abuelos emigró de España hace 90 años.
Cuando el voto del exterior había que solicitarlo todavía había filtros administrativos que obligaban a que el nuevo español hiciese un esfuerzo para participar en los comicios electorales. Pero el voto rogado se eliminó en 2022, con el voto a favor prácticamente unánime del Congreso de los Diputados. El PP y Vox también apoyaron eliminar esa precaución, con lo que dejaron en manos de Sánchez la posibilidad de fabricar centenares de miles de nuevos votantes tal y como ha hecho con la Ley de Memoria Democrática, la famosa Ley de Nietos, que, si la Junta Electoral no lo remedia, podría ser determinante en las próximas elecciones generales.
Los populares igual piensan que los españoles sobrevenidos van a votar a Alberto Núñez Feijóo, como hacían los descendientes extranjeros de los gallegos con Manuel Fraga en las autonómicas de Galicia. Pero no se trata de a quién van a votar los nuevos nacionalizados, sino del hecho de que habrá centenares de miles de votos en las embajadas españolas a disposición de Sánchez. Si eso no es suficiente para armar la mundial en todas las instituciones, merecemos que Pedro nos gobierne cuatro años más.