Una de las cosas decepcionantes en la prensa y la política española es la deliberada ingenuidad respecto al nacionalismo vasco. Han bastado algunas apariencias de cumplimiento de la ley por el PNV para que casi todo el mundo eche las campanas al vuelo, olvidando la permanente utilización de la autonomía vasca por ese partido para vulnerar la Constitución y favorecer el acoso a los no nacionalistas y la mutilación de las libertades políticas y de la misma libertad personal. Esa realidad, asentada a lo largo de 20 años, revela mejor que mil argumentos la significación del nacionalismo vasco. Pero no se trata de recordar para alimentar el rencor. Si el desalojo de algunas sedes batasunas por la policía autonómica fuera el síntoma de un cambio de actitud del PNV, bienvenido fuera, y valdría la pena olvidar muchos agravios. Pero esperar tal cosa sólo sería una enorme demostración de estupidez. Esa estupidez que los peneuvistas siempre han sabido percibir y explotar a fondo en los demócratas, a quienes presentan cínicamente como opresores del “pueblo vasco”.
Hasta ahora, el PNV ha protegido el terrorismo de dos formas: prestándole todo tipo de justificaciones políticas –rentabilizadas por el propio PNV–, y sustituyendo la necesaria acción anti-ETA de la Policía Autónoma por condenas retóricas de la violencia, como si fuera un partido sin responsabilidades de gobierno. De este modo, unos y otros nacionalistas avanzaban, con riñas entre ellos, pero en lo fundamental de acuerdo, hacia el no menos fundamental objetivo que les une: la destrucción de la unidad de España y de la democracia. La trascendencia de la ley de partidos consiste en que va a dificultar ese turbio juego, cuya interrupción ve el PNV como una pesadilla, un camino hacia el “infierno” de la lucha entre “hermanos”.
La ilegalización de Batasuna, en efecto, ha colocado a los nacionalistas “moderados” en el dilema de apoyar la ley, enfrentándose abiertamente a los terroristas, o de apoyar a éstos, enfrentándose no menos abiertamente a la ley. Siendo su juego tradicional una apariencia de ambigüedad –favorecer y explotar el crimen político desde una pretendida moderación–, el PNV se ve ahora abocado a clarificar su postura. La salida no es fácil, porque echarse al monte contra el Estado resulta muy difícil para un partido básicamente burgués y con demasiados intereses económicos. Y atacar a una ETA cada vez más acorralada les convertiría en objetivo de los terroristas. La salida no es fácil, y hemos visto en los últimos días cómo los jefes peneuvistas intentaban conciliar lo inconciliable: multiplicar su radicalismo y apoyo verbal a Batasuna, prometiendo a ésta, implícitamente, un resuelto avance por la senda del separatismo, y pidiéndole, también de modo implícito, un poco de paciencia y de aceptación de sacrificios; y, por otra parte hacer declaraciones de acatamiento a la ley, e incluso desalojar un pequeño número de sedes batasunas.
El PNV intentará navegar entre las dos posturas excluyentes, pero inclinándose sobre todo del lado de sus hermanos separatistas, pues tratará de evitar a toda costa la querella sangrienta dentro de la familia nacionalista. En la práctica, ello sólo puede traducirse en el intento más o menos disimulado, incluso muy poco disimulado, de sabotear la ley. En ese deporte tiene muy amplia experiencia, ya desde tiempos de la República, cuando protagonizó, aliada con los socialistas y jacobinos de Azaña, una peligrosa campaña de desestabilización contra el gobierno democrático de Samper, creando un clima de desobediencia civil y de hundimiento de la legalidad. La campaña se deshinchó en cuanto el Gobierno mostró firmeza, pero estuvo muy cerca de tener las más graves consecuencias. Otro tanto hizo durante la guerra, aprovechando las difíciles circunstancias del Frente Popular para sobrepasar sin tasa el Estatuto de Autonomía. Y desde el comienzo de la democracia, el sabotaje solapado a la legalidad ha sido la línea permanente del PNV. Sería un grueso error caer en la ilusión de que el PNV es un partido democrático y moderado, o susceptible de ser conducido a la moderación mediante algunas presiones cariñosas.
El Gobierno ha insistido en que las medidas tomadas persiguen únicamente al terrorismo. Y tiene toda la razón. Como tiene razón el PNV para darse por aludido y amenazado, ya que nunca ha dejado de ser cómplice. No se trata de una complicidad orgánica, como la de Batasuna, sino política y moral, y aunque ello le permite actuar en la legalidad, no dejará de ocasionarles serios choques con ésta, cuyo tratamiento debiera estar previsto por las autoridades de la nación. El Gobierno y los partidos democráticos debieran estar alerta contra las maniobras que seguramente intentará el partido de Sabino Arana y Arzallus.
Desgraciadamente, la ideología envilecedora de este partido ha contaminado a buena parte de la población vasca, por falta de adecuada respuesta durante mucho tiempo. Eso también debe ser tomado en consideración.
En España
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro