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La lógica económica no parece tomarse en cuenta en los berrinches cotidianos emitidos por la mayoría de los políticos estadounidenses. Más bien, las posiciones parecen ser dominadas por la xenofobia y no por el sentido común. Es una pena para ellos y también para nosotros. Observamos la oposición a los tratados comerciales con Centroamérica, Perú y Colombia, tratando de imponer requerimientos imposibles y sin relación alguna con los propósitos comerciales de los mismos. Además hablan con mala fe del supuesto "fracaso" del tratado en América del Norte y, sobre todo, se cacarea en materia agrícola.
Cerrar la puerta al comercio, a intercambiar bienes e inversiones con el exterior, favorece a los terroristas, a los neopopulistas y al crimen organizado. Es una evidente falta de compromiso con los aliados y con lo que realmente conviene a los mismos estadounidenses.
Ese sentimiento visceral se manifiesta en los debates sobre la inmigración y una posible reforma migratoria. No se trata de caridad. Por una parte, el problema sí reside en generar mejores condiciones de crecimiento interno en México, con lo que no tendríamos que exportar a nuestros mejores activos laborales, ya sea a la informalidad o a cruzar la frontera del norte. Pero, por otro parte, una reforma migratoria beneficiaría a los Estados Unidos porque entonces podrían cubrir la creciente demanda de servicios y de mano de obra poco calificada que rebasa la oferta laboral interna de ese país.
¿Acaso la xenofobia de un senador detendrá la inmigración? ¿O el nativismo de algún perfecto idiota norteamericano? ¿Y qué trabajadores usarían para construir semejante muro?
Hay otra consideración que Ricardo Medina menciona en sus columnas: el impacto fiscal de una reforma migratoria. Ya lo había advertido, entre líneas, Alan Greenspan: sin una eventual reforma migratoria, bien instrumentada, bien observada, que logre incorporar a nuevos contribuyentes a la base fiscal estadounidense, habría consecuencias muy dañinas para los beneficiarios del sistema de seguridad social en Estados Unidos.
Dado el costo exponencial de la población de jubilados a partir del año 2010, con la generación de los baby boomers, el sistema de seguridad social estadounidense caería en quiebra técnica, sin una nueva fuente de contribuyentes fiscales (generados, por ejemplo, a través de la legalización paulatina de inmigrantes) que cubra esos costos. En caso contrario, habrá que aumentar los impuestos para cubrir los faltantes o elevar la edad para el retiro o recortar los beneficios que hoy reciben los jubilados.
Por ello, mantenemos que no pedimos caridad en la reforma migratoria ni en la apertura comercial. Pero la respuesta hasta ahora parece más un insulto.
© AIPE
Roberto Salinas León es economista mexicano, académico asociado del Cato Institute.

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