El gobernador de Texas, Rick Perry, abrió el melón de la polémica al sugerir que los texanos podrían llegar a cabrearse con la grotesca violación de la Constitución estadounidense que lleva a cabo el Gobierno de Washington y terminar escindiéndose de la Unión. Algunos políticos y sus corifeos mediáticos le han acusado de traición. Examinémoslo.

Cuando los delegados de Nueva York se reunieron el 26 de julio de 1788, el documento con el que ratificaron la Constitución rezaba "Que los poderes del Gobierno puedan volver a ser detentados por el pueblo cuando sea necesario para lograr su felicidad; que toda competencia, jurisdicción o derecho que no sea expresamente delegado por la Constitución al Congreso de los Estados Unidos o a los distintos departamentos del Gobierno, permanece en el pueblo de los distintos estados o en sus gobiernos, a quienes se les puede hacer depositarios de los mismos".

El 29 de mayo de 1790, los representantes de Rhode Island redactaron una declaración similar en su documento de ratificación: "Que los poderes del Gobierno puedan volver a ser asumidos por el pueblo en cuanto sea necesario para lograr su felicidad; que los derechos de los Estados a nombrar y designar a los funcionarios estatales y todas las demás competencias, jurisdicción y derechos no recogidos en la Constitución como delegados expresamente en el Congreso o en el Gobierno siguen siendo ejercidos por el pueblo de los diversos estados o en los de sus respectivos gobiernos, a quienes se les puede hacer depositarios de los mismos".

El 26 de junio de 1788, los representantes electos de Virginia se reunieron para ratificar la Constitución y en su documento se decía: "El pueblo de Virginia anuncia y hace saber que las competencias delegadas por la Constitución y que se derivan del pueblo de los Estados Unidos podrán volver a ser asumidas por él tan pronto como sean utilizadas como mecanismo de opresión y toda competencia no delegada expresamente sigue siendo detentada por el pueblo de Virginia y administrada según su voluntad".

Por tanto, según lo demostrado por los documentos de ratificación de la Constitución de Nueva York, Rhode Island y Virginia, queda explicitado que si el Gobierno federal se desvía de los derechos que se le han delegado, el pueblo tiene el derecho a reclamarlos de vuelta. En la práctica, cuando se constituyó la Unión, mediante la cual los estados crearon el Gobierno federal, cada estado pensó por separado tener derecho a escindirse y, en caso de que este derecho no existiera, no tendría sentido formar una Unión.

Perry está en lo cierto cuando dice que no hay motivos para que Texas se escinda. Existen medidas intermedias que pueden adoptar los estados antes que la secesión. Thomas Jefferson decía "siempre que el Gobierno central asuma competencias que no le hayan sido delegadas expresamente por la Constitución, sus actuaciones carecen de autoridad, validez y dejan de ser vinculantes". Esto parece sugerir que los gobiernos estatales pueden defenderse de las usurpaciones federales denunciando abiertamente que consideran que el Gobierno federal carece de autoridad y sus leyes de validez".

Si bien la constitución estadounidense no contiene una disposición específica para la anulación de las leyes, la cláusula que lo permite sí está contenida en la naturaleza de los acuerdos y de los convenios generales, y la Constitución es un contrato entre los estados y el Gobierno federal. Al igual que sucede con cualquier otro convenio, una parte ni tiene nunca el monopolio de su interpretación ni puede alterar el convenio sin el consentimiento de la otra. Esto equivale a decir que ninguna de las partes tiene la obligación de obedecer leyes inconstitucionales y que, por tanto, el Gobierno federal no puede utilizar la fuerza bruta para forzar el sometimiento de los estados a su legislación inconstitucional.

Por último, he ahí mi pregunta sobre la secesión. Algunos estadounidenses aceptan y respetan la Décima Enmienda que reza: "Las competencias no delegadas por la constitución de los Estados Unidos, ni prohibidas por ella a los estados, están reservadas a los estados o al pueblo". Otros estadounidenses –la mayoría, me temo– mandan al carajo los límites que la Décima Enmienda impone al Gobierno federal. ¿Cuál es la solución más pacífica? ¿Que un grupo de estadounidenses pretenda imponer su interpretación a los demás o seguir simplemente por caminos separados?