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Cinco padres sevillanos presentaron en el mes de agosto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un recurso contencioso administrativo contra los decretos y las órdenes autonómicas que implantan y desarrollan en Andalucía la asignatura de Educación para la Ciudadanía por vulnerar su derecho a la educación conforme a sus convicciones y su libertad ideológica.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía intentó neutralizar el recurso inicialmente, alegando ante el Tribunal, que no debía ser tramitado por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, sino por el procedimiento ordinario, por no estar derechos básicos involucrados. Primer revés judicial: el Tribunal entendió, frente a la Junta, que existía apariencia de vulneración de derechos fundamentales.
Ante tal revés, la Junta maquina una segunda estrategia: llamar a las editoriales afines al socialismo reinante en Andalucía, que han publicado libros de EpC, a que se personen como parte interesada. Se presentan voluntarias Grazalema y Santillana (ambas del Grupo PRISA), y de nuevo el Tribunal desactiva la estrategia de la Consejería de Educación andaluza: ninguna de las dos demuestra tener interés justificable para estar presentes en el proceso.
En tal circunstancia, la Junta toca a rebato al tejido social afín para reforzar su presencia ante el Tribunal y no sentirse "sola y desamparada" ante los padres: a la llamada responden, intentando personarse en el proceso, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA), la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CC.OO.), y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (UGT).
El Tribunal ha "abofeteado" de nuevo a la Junta, desactivando sus estrategias, y declarando mediante auto fechado el pasado día 8 de noviembre, que ni CC.OO, ni UGT, ni CODAPA ni ACES podrán personarse en favor de la Junta de Andalucía ante el Tribunal, por carecer de interés en el objeto del proceso.
Tres intentos de la Junta de Andalucía de desnaturalizar el proceso contencioso, tres tropiezos judiciales. ¿Cuándo va a enterarse la Junta de Andalucía y su entorno mediático, editorial y social, que esta es una cuestión entre un Estado adoctrinador y los padres que protegen sus derechos constitucionales?
