Desde el Partido Popular se alegó que la famosa devolución de los 400 euros es "injusta" porque no toma en cuenta las circunstancias específicas de cada ciudadano. Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, promoverá el déficit público en su comunidad "para seguir manteniendo el nivel de inversión".
La corrección política es a menudo ridícula pero en ocasiones resulta escalofriante. Por si faltaba alguna razón para que los amigos de la libertad recelemos del PP, cabe ponderar esta idea de que la justicia, que no por azar es representada con los ojos vendados, debe quitarse la venda y mirarnos a todos con lupa. El PP ha incorporado la bandera colectivista según la cual el poder debe escudriñarnos para expropiar y redistribuir con "justicia social".
No se trata de defender los 400 euros per se, porque mucho más respetuosa de la libertad habría sido una rebaja apreciable y general del IRPF, y no un mecanismo de devoluciones. Pero que la supuesta alternativa al socialismo exija aún más socialismo que el del PSOE resulta como mínimo descorazonador.
Y hablando de cosas deprimentes, la extravagancia keynesiana de pretender salir de la crisis con más gasto público no parece tener fronteras políticas. El último en apuntarse al carro ha sido el presidente Camps, cuya argumentación no ahorra falacias. Dice que como su comunidad "quiere seguir generando empleo y prosperidad" entonces aumentará el "esfuerzo presupuestario" en inversiones. No se le ocurre al señor Camps que lo óptimo para lo que quiere su comunidad es dejar a los ciudadanos disponer de sus bienes. Tampoco piensa que igual no es evidente que quitarle a la gente su dinero y gastarlo en su lugar sea mejor en términos de empleo y prosperidad que no quitárselo.
