Será el próximo martes cuando se conocerá una sentencia, la del caso ERE, que comenzó a redactarse hace 11 meses y que ha logrado, y es un hecho notable, no interferir en ninguna de las convocatorias electorales de 2019, que han sido dos generales, unas municipales, unas autonómicas y unas europeas.
Ese pacto, que algunos dicen existe en la Justicia andaluza, de no influir en la contienda política ha beneficiado con claridad al PSOE. Sólo hay que imaginar lo que hubiera supuesto una sentencia condenatoria, por leve que fuera, o incluso absolutoria, en plena precampaña o campaña electoral.
Naturalmente, hay numerosas conjeturas acerca de cuál será su contenido. Incluso algún periódico, La Razón, se atreve a dar pábulo a las especulaciones de algunas defensas que consideran que no habrá condenas por malversación, aunque sí una condena general por el delito continuado de prevaricación. Nadie habla de absolución general, algo que sería un escándalo en sí mismo debido a la descalificación de las acusaciones y la pérdida de los dineros empleados.
Según estas fuentes, el Tribunal ha atendido sólo a razones jurídicas, que no políticas, y la sentencia será condenatoria en cuanto a la existencia de un delito de prevaricación por parte de la mayoría o todos de los procesados (que conlleva penas de 10 a 30 años de inhabilitación), pero que no habrá condenas por malversación de caudales públicos, al menos para los más altos dirigentes socialistas, esto es, Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y algunos otros.
O sea, que vuelve a reinar la hipótesis de que va podría haber un grupito selecto de "chivos expiatorios" que está formado por el ex director general Francisco Javier Guerrero, los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández y algún subalterno más. De haber cárcel para algunos como pide la Fiscalía, sólo la habría para el segundo nivel, nunca para el primero.
De ser este el caso como se especula, la gran abochornada seria la Fiscalía Anticorrupción que tras un año de juicio y todas sus fases, además de pedir la pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el expresidente Manuel Chaves y otros ex altos cargos como Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez y otros, penas de ocho y seis años de cárcel por malversación para el ex consejero José Antonio Viera y el ex presidente del PSOE y de la Junta, José Antonio Griñán, además de pedir cárcel e inhabilitación para el resto.
La Fiscalía consideró que todos los encausados no hicieron caso, a pesar de conocer la incorrección legal del procedimiento por las advertencias de la Intervención General de la Junta sobre la irregularidad del "fondo de reptiles" y las auditorías de la agencia IDEA, como método de pago de subvenciones encubiertas. Que tal inacción les benefició electoral y políticamente parece incuestionable.
Pero, además, ¿se derivó de esa falta de actuaciones políticas y legales que el dinero destinado a las ayudas, los 750 millones de euros, fuese malversado? En caso de que no se considere malversado el dinero empleado, el descrédito de la Fiscalía, de los peritos expertos y de las acusaciones particulares sería descomunal.
Sánchez, Díaz y Unidas Podemos
El gran tsunami político que se llevó por delante al gobierno de Mariano Rajoy fue la acusación de ser un partido político corrupto. En caso de que haya una condena por prevaricación continuada desde las altas poltronas políticas de la Junta, aunque se eluda la calificación de malversación del dinero público, la corrupción socialista sería demostrada en todos sus niveles y en algunos de ellos, agravada con la malversación.
El fallo se conocerá precisamente durante las negociaciones para la formación de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que ya veremos si enmudece contra la corrupción del PSOE si se confirma. Recuérdese, porque es conveniente, que precisamente contra un gobierno de esta índole "progresista", se alzaron los barones socialistas en 2016 defenestrando a Sánchez.
El silencio de aquellos barones en estos momentos es atronador, pero a una de ellos, Susana Díaz, a su papelón político ante el gobierno de socialistas, comunistas bolivarianos y el apoyo indirecto de separatistas de todo pelaje, unirá el agravamiento de su posición dentro del socialismo español y andaluz.
Susana Díaz está atornillada por la presión de algunos sectores por haber abandonado a su suerte a los históricos expresidentes Chaves y Griñán e incluso por haberlos dejado a los pies de los caballos ("Nos ha matado", gimió Chaves sobre su comportamiento). De otro, otros sectores la acusan de inconsecuencia política al aceptar sin rechistar aquel gobierno contra el que se levantó en 2016 liderando a los barones.
Si la sentencia fuese absolutoria en general, algo que pocos creen, el final de Susana Díaz habría llegado porque Ferraz tendría la gran oportunidad de convertirla en la gran responsable del deterioro sufrido por el PSOE y no haber defendido adecuadamente a dos de sus expresidentes.
La situación es tal que, aunque ha ganado las elecciones generales en Andalucía si bien con la pérdida de casi 150.000 votos, el sector sanchista andaluz, que encabeza Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ya le ha recordado que, en conjunto, en Andalucía el PSOE no ha sido capaz de impedir la hegemonía de las tres derechas.
Que el "análisis pesimista" de Gómez de Celis se haya evacuado en la propia Canal Sur y que lo haya acompañado de la consideración de que tal circunstancia de dominio de las derechas debe ser "reflexionada" en el futuro por el PSOE andaluz, parece indicar que las elecciones primarias no van a ser un camino de rosas para Susana Díaz.
Un acuerdo constitucionalista a la desesperada, insinuado este martes por Francisco Igea, líder de Ciudadanos en Castilla-León, que incluyese la entrega del gobierno de su comunidad y el gobierno de Andalucía al PSOE a cambio de que renunciara a una coalición con Podemos, parece a estas alturas inviable, por mucho que conviniera a Susana Díaz para superar sentencia y futuro. De todos modos, Juan Marín ni siquiera se ha pronunciado al respecto.