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Andalucía

La corrupción del PSOE, UGT y CCOO alcanza un nivel que invita al sofoco moral

Sobornos, fraudes y apropiación de dineros públicos saltan a la luz.

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Hace dos días contábamos el escándalo de Cartaya(Huelva). El PSOE de Huelva intentó comprar al actual alcalde del PP, Manuel Barroso, ofreciéndole un puesto en la Diputación y ayuda para una empresa de pádel. Hoy se sabe que también ofreció colocar a su mujer. En Estepa, como ya contamos, un Consorcio de reciclado sólo reciclaba el dinero público para convertirlo en dinero privado con ayuda de dos alcaldes socialistas. Por último, CCOO y UGT han sido acusadas por la Fiscalía por apropiación de 6,7 millones de euros procedentes de la gestión de las residencias de Tiempo Libre, propiedad de la Junta de Andalucía.

Y téngase en cuenta que aún no se ha juzgado ni el 1 por ciento de todas las piezas separadas de los ERE y que quedan pendientes muchos asuntos de calado como el caso del fraude de los cursos de formación profesional, el caso de los avales fraudulentos y varios asuntos vinculados al caso Invercaria, entre otros.

En lo referente al caso Cartaya, El Mundo destaca hoy que no sólo fue el alcalde del PP de la localidad, Manuel Barroso, el que fue tentado con privilegios inmorales e ilícitos por el PSOE para que renunciara a ser alcalde, sino que su mujer también recibió una oferta de trabajo a cambio de que los socialistas siguieran gobernando el importante municipio onubense en el que se adivinan importantes intereses en juego.

De hecho, ha sido la preparación de una moción de censura contra el alcalde del PP lo que ha desencadenado que éste hiciera públicas las cintas magnetofónicas donde todo el enjuague queda perfectamente claro y desvelado. En ellas, los altos cargos del PSOE de Cartaya ofrecen también a la mujer de Barroso, economista, colocarla como Interventora en algún municipio gobernado por el PSOE.

Naturalmente, la pregunta es cómo puede un partido político ofrecer un puesto de Interventora, incluso en la propia Cartaya, que se supone es un cargo para garantizar la legalidad y la transparencia de las actividades municipales con la seguridad que lo ofrecían los concejales socialistas presentes en la reunión.

Además, las cintas desvelan que se comprometieron a colocar igualmente a la mujer de Barroso, economista de profesión, como interventora en algún municipio gobernado por el Partido Socialista, incluido el de Cartaya.

La moción de censura contra Barroso, que no aceptó el soborno, está impulsada por el PSOE al que acompaña IU e, inexplicablemente, Ciudadanos. Según las cintas, todo transcurre bajo la autoridad suprema de Ignacio Caraballo, secretario general del PSOE onubense y presidente de la Diputación, como ocurrió ya en el caso Aljaraque, por el que está a punto de ser procesado en juicio oral.

El caso del Consorcio de reciclado…de dinero público en dinero privado con el PSOE al fondo

Lo destapó ABC el 13 de febrero pasado con una foto que mostraba cómo el Consorcio de Estepa, dedicado supuestamente a reciclar basuras de varios municipios de la Sierra Sur sevillana, más que reciclar amontonaba basuras sin reciclar en una balsa aunque cobraba por los servicios de reciclado. Lo único que reciclaba, ya se sabe, era el dinero público de los ciudadanos convirtiéndolo en dinero privado para sus directivos con complicidad de alcaldes socialistas.

Según la Fiscalía hubo "un concierto de los denunciados para obtener, prácticamente sin inversión alguna por su parte, un lucro personal de considerable entidad con grave perjuicio de los fondos públicos con ocasión de la organización del servicio de recogida de basuras en los municipios dependientes del Consorcio".

Entre los hechos sorprendentes, se sitúa un contrato con la suministradora supuesta de maquinaria para reciclar, actividad que no se realizaba, cuyo montante fue incrementado sustancialmente a pesar de que el número de camiones se reducía de cuatro a dos. Luego, la empresa suministradora era penetrada accionarialmente por los directivos del Consorcio.

Lo cierto es que el no reciclado organizado de las basuras en un Consorcio presidido por un alcalde socialista ha tenido como consecuencia que el dinero público empleado en no reciclar las basuras se ha reciclado en dinero privado para sus responsables que, según la Fiscalía, adquirieron nada menos que 30 inmuebles a través de la sociedad Procañete.

Según la UDEF, los responsables principales son el secretario del Consorcio, José Antonio Mañas; el jefe de la planta, Manuel Ibáñez, y al exalcalde socialista de Casariche y actual asesor de la Diputación, Basilio Carrión, detenido en sus dependencias. El fraude alcanza el millón de euros. Sin embargo, el PSOE andaluz y sevillano los mantiene en sus cargos.

UGT y CC.OO se quedaron con el dinero de las residencias que gestionaban en nombre de la Junta

En el ámbito sindical de UGT y CC.OO llueve sobre mojado. Al pestilente caso de los ERE, sus intrusos, sus comisiones y los intermediarios sindicales, se unía luego el de las subvenciones a los cursos de formación de UGT, que destapó precisamente Libertad Digital en 2013. Ahora resulta que ambos dos se han quedado con 6,7 millones derivados de la gestión de las residencias Tiempo Libre que son propiedad de la Junta.

Esta vez ha sido la propia Fiscalía de Sevilla, que está haciéndose respetar por su diligencia y contundencia, la que ha presentado una denuncia por los presuntos delitos de malversación contra la anterior cúpula andaluza de CCOO y UGT, acusada de no reintegrar a la Junta de Andalucía lo recaudado por la gestión de las residencias Tiempo Libre entre 2003 y 2006.

Cuenta Diario de Sevilla que el cálculo final de la Guardia Civil hace responsable a CC.OO de la apropiación de 4,02 millones de euros y a UGT, de 2,7 millones de euros. Por el caso, han sido denunciados los ex secretarios generales de CC.OO Julio Ruiz y Francisco Carbonero(etapa de 1992 a 2017) y Juana Mancilla y Maribel Hernández en calidad de ex secretarias de Servicios de Comisiones Obreras de Andalucía.

En UGT los denunciados son el tristemente célebre Manuel Pastrana, ex secretario general entre 1998 y 2009 y su ex secretario de Administración Federico Fresneda, ambos implicados en el caso UGT relacionado con las subvenciones a los cursos de formación.

¿Cómo fue posible que no reintegraran ese dinero a la Junta? Pues porque la Junta, entonces en manos del PSOE bajo la batuta de los ex directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, todos ellos implicados en el caso ERE, no se lo exigieron.

Por ello, la Fiscalía los acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión ya que "estaban obligados a requerir a los sindicatos a fin de que ingresaran el dinero procedente de la gestión de las residencias en las arcas públicas o, en el supuesto de no hacerlo, iniciar la vía ejecutiva".

A esas residencias Tiempo Libre sólo iban quien querían UGT y CCOO que las gestionaban casi totalmente. El dinero recaudado por las estancias iba a parar en su totalidad a las cuentas privadas de ambos sindicatos, aunque debían pagar a la Junta el 80 por ciento de lo recaudado.

UGT y CCOO consiguieron del gobierno de Manuel Chaves la exclusividad sobre estas residencias marginando a los demás sindicatos. USO lo denunció y en 2005 perdieron la exclusividad y la gestión de las residencias. A pesar de que la Junta reclamó el dinero pendiente, UGT y CCOO nunca lo entregaron.

Las residencias de Tiempo Libre han sido siempre un hervidero de escándalos cuando eran gestionadas por el PSOE. Como botón de muestra valga la denuncia que en 1999 hizo la CSIF del uso privilegiado de sus instalaciones por un Delegado de Trabajo de la Junta en Málaga cuando su finalidad era ser aprovechadas por trabajadores con bajos niveles de ingresos.

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