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Andalucía

El rescate de Abengoa, en manos de María Jesús Montero y Pedro Sánchez

El caso Abengoa ha terminado llegando a la SEPI y podría dejar en la ruina a 90.000 familias accionistas.

El caso Abengoa ha terminado llegando a la SEPI y podría dejar en la ruina a 90.000 familias accionistas.
Abengoa | Europa Press

Tras haber acusado durante meses a la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno de haber dejado caer a la empresa industrial y fotovoltaica más importante de España y de Andalucía, Susana Díaz y el PSOE andaluz, cada vez más cuarteado, ven cómo el caso Abengoa ha terminado llegando donde se temía: a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Esto significa que quienes tienen que enderezar este entuerto son la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El tema, además de sus implicaciones para la economía y el empleo español (2.578 trabajadores de la empresa tienen su trabajo en España mientras que más de 11.000 tienen su residencia en el extranjero), tiene un claro interés político por cuanto será el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos el que deberá resolver la situación y la que podría ser la candidata socialista a la presidencia de la Junta andaluza, María Jesús Montero, tendrá que retratarse con una decisión que firmará ella misma.

Abengoa, recoge Europa Press, ha pedido acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Gobierno para ayudar a compañías impactadas por la crisis del Covid-19 y dotado con 10.000 millones de euros.

Sin embargo, según informa ABC, la sindicatura de accionistas AbengoaShares, que representa al 17% del capital social de la multinacional, ha descalificado el nuevo plan de reestructuración diseñado por el actual consejo de administración, que es precisamente el que incluye la petición de 250 millones de euros de dinero público a la SEPI. 540 millones según la oposición interna, que deben sumarse a otros 500 ya concedidos.

El problema es que la operación denunciada tiene como consecuencia que el 70 por ciento del capital de Abengoa caiga en las manos de TerraMar Capital, "un fondo buitre americano". Para los accionistas disidentes, la actual dirección de Abengoa pretende que "el Gobierno legitime un proceso por el cual se ha vaciado la empresa de activos y se ha llenado de deuda. Este plan involucra a un fondo extranjero cuyas condiciones de financiación no se han explicitado, pero seguirían en la línea de los acreedores de exprimir todo lo posible a la empresa".

Por tanto, parte importante de los accionistas denuncia que lo que está ocurriendo es que se quiere separar a AbenewCo1 de su matriz, Abengoa S.A., para posteriormente entregarla a acreedores y fondos buitre que se quedarían el 70% de la empresa por sólo 50 millones de euros dejando en la ruina total a sus 90.000 familias accionistas y consintiendo la salida de la empresa de Andalucía con riesgo para los empleos españoles.

No es baladí, denuncian, que se pierda además toda la sabiduría tecnológica acumulada por la gran empresa y sus proyectos en la Universidad española. Este plan de la actual dirección de la empresa quiere contar con el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez que debería conceder una serie de préstamos ICO, CESCE y SEPI que podrían amparar presuntos delitos de concurso culpable de acreedores, alzamiento de bienes y agravamiento de la insolvencia. ¿Dejará el gobierno de Sánchez que un consejo de administración cuestionado por parte relevante de los accionistas consume operaciones discutibles?

Abengoa SA, matriz del grupo, solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores el 22 de febrero pasado tras fracasar en la ampliación de los plazos solicitados a los acreedores. El PSOE ha acusado a la actual Junta de no haber contribuido al rescate de la empresa con otros 20 millones de euros y de haber causado con ello el hundimiento de Abengoa.

Pero las cifras de la deuda de la empresa a finales de 2019 y comunicados ahora son tremendas. La deuda financiera se sitúa en 4.783 millones de euros a los que hay que sumar otras deudas por importe de 1.165 millones, casi un 20 por ciento del presupuesto anual de la Junta de Andalucía para un año.

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