La sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa de los ERE confirma lo que hace once años denunció a través de su instrucción la juez Mercedes Alaya, encargada de investigar esta macrocausa que tiene su origen en el caso Mercasevilla. La magistrada señaló desde el principio a Manuel Chaves y José Antonio Griñán como responsables, lo que le valió duros ataques del PSOE hasta que en 2015 fue finalmente apartada del caso contra su voluntad.
En enero de 2011 arrancaron las primeras diligencias de lo que después se convertiría en uno de los mayores casos de corrupción de toda Europa por la cuantía defraudada, alrededor de 700 millones de euros, a pesar de que Chaves lo redujo a un fraude cometido por "cuatro o cinco golfos".
Cuando la juez Alaya imputó a Magdalena Álvarez sufrió todo tipo de señalamientos por parte de los socialistas que pusieron en duda que su instrucción tuviera "base" alguna. Entonces, como hicieron ayer ante la sentencia del TS, dijeron que en su auto no se recogía que los investigados se hubieran llevado "ni un solo euro". Y entonces, como hicieron ayer con el Alto Tribunal, señalaron a la juez.
"Instrucción sin base alguna y con afán justiciero"
El socialista Alfonso Guerra cuestionó la imparcialidad de Alaya por la amistad "especial" que mantenía su marido con el dirigente del PP, Juan Ignacio Zoido, atribuyéndole una supuesta inquina hacia a los socialistas para favorecer a los populares. Chaves llegó a atribuir a la juez un supuesto "afán justiciero", acusándola casi de prevaricar. El entonces consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, hasta insinuó su posible recusación.
En 2015, cuatro años después de iniciar la investigación, una maniobra acabó apartando a Alaya del caso. Según explicó la propia juez años después en una entrevista en ABC, su salida se debió al "miedo" que tenían tanto el PSOE como el PP a que siguiera investigando el caso por la "gravedad" de los hechos descubiertos.
Los imputados más conocidos del caso
Durante el tiempo que duró su labor, ingresó en prisión el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que fue el primero en referirse a la partida 31L de la Junta de Andalucía de la que salía el dinero para pagar las ayudas como fondo de reptiles.
Su chófer, Juan Francisco Trujillo, que llegó a gastarse 25.000 euros al mes en cocaína, fue imputado, al igual que el considerado conseguidor de los ERE, el exsindicalista Juan Lanzas, que admitió que "su hijo tenía dinero suficiente para asar una vaca".
La instrucción de la juez Alaya provocó que en 2013 el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, presentara su dimisión ante el desgaste que estaba sufriendo su imagen pública y el perjuicio que ya ocasionaba el caso al PSOE. Le sustituyó Susana Díaz al frente de la presidencia pero conservó su escaño en el Parlamento andaluz. "No hay ninguna figura delictiva de la que se me pueda imputar", dijo al dejar su cargo. El martes fue condenado a 6 años de prisión. Chaves lo fue a 9 años de inhabilitación.
El PSOE señala al TS para defender a los suyos
Poco antes de ser apartada de la causa, Alaya remitió el caso al Tribunal Supremo para aquellos investigados sobre los que había indicios de delito que gozaban de la condición de aforados, como el propio Griñán, su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, además de los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera.
A mediados de ese mismo año, el Alto Tribunal imputaba a los expresidentes andaluces, forzándoles a dejar sus actas de diputado, pero no sería hasta 2016 cuando se darían de baja del PSOE, coincidiendo con la apertura de juicio oral.
Una salida que no ha impedido que obtengan el respaldo de todo el partido, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, acompañado por sus ministras y, ahora, portavoz del PSOE, Pilar Alegría, y la vicesecretaria general María Jesus Montero, que fue además consejera de los Gobiernos socialistas en Andalucía cuando se produjo el fraude.
La moción de censura a Rajoy
La salida en tromba de los socialistas para defender a Chaves y Griñán la protagonizan precisamente los mismos que presentaron una moción de censura contra Mariano Rajoy, en base a la sentencia del caso Gürtel, que no condenaba ni al entonces presidente ni a ninguno de sus ministros.
Al margen de la cuestión política, el fallo de los ERE da la razón en su instrucción a la juez Alaya que soportó todo tipo de ataques por destapar uno de los casos de corrupción más graves de Europa. Aunque llega once años después de que se destapara el escándalo.