Los socialistas Berta Linares y Antonio García Leyva ya tienen lo que querían: podrán (tendrán que) declarar ante el juez para demostrar su "inocencia" -si es que pueden-. Eso sí, lo harán en calidad de investigados. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, encargado del caso del secuestro de la edil de Maracena 2030 Vanessa Romero -el pasado mes de febrero-, ha acordado abrir una pieza separada para investigar la presunta participación en estos hechos de la exalcaldesa de esta localidad y del que fuera su concejal de Urbanismo.
Una iniciativa con la que el magistrado José Solá da cumplimiento a la petición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el pasado 15 de junio le devolvió la causa para que continuara con la investigación -aunque algunos de los presuntos implicados en la trama lo vendieran como si se hubiera cerrado, porque no había nada contra ellos-, al entender que se había inhibido demasiado pronto. En el auto, el alto tribunal consideraba que la decisión de remitirle la causa había sido "prematura" por no haber agotado diligencias que serían imprescindibles "para la corroboración de los hechos expuestos como constitutivos de delito".
Fue que el TSJA determinó que no procedía "incoar diligencias previas de investigación penal contra el parlamentario andaluz Noel López (aforado por su condición de diputado autonómico) en "el momento procesal en el que han sido remitidas las actuaciones", especifica el auto. No obstante, si -una vez realizadas las nuevas diligencias- el instructor considerara que hay elementos indiciarios contra él, tiene la posibilidad de elevar la causa nuevamente a la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal, que es la única competente para juzgar a las personas que gozan de este privilegio.
Cabe recordar que cuando Josep Solá levantó el secreto del sumario conocimos también que éste había elevado la causa al TSJA debido a la condición de aforado de uno de los tres presuntos inductores de la detención ilegal de Romero, que son: Berta Linares (exalcaldesa y pareja del autor material del secuestro), Noel López (primo de la entonces regidora, de la que además fue mentor) y Antonio García Leyva (quien sucedió a la víctima al frente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Maracena).
Un plan para asustarla
La persona que capturó y metió a Romero en el maletero de su propio vehículo -Pedro G., con el que Linares mantenía una relación sentimental desde hacía más de dos años-, bajo amenazas y pistola (de pega) en mano, dijo ante la Guardia Civil y mantuvo en sede judicial que fueron ellos -particularmente López- quienes le pidieron que le diera "un susto" a la edil de Maracena 2030, porque les estaría chantajeando con sacar a la luz una serie de expedientes irregulares que les podían traer problemas en el futuro.
También relató que Vanessa se había convertido en el "tema prioritario" de sus conversaciones con la primera edil y que ella "temía" que su compañera cumpliera con sus amenazas, llegando a "desearle la muerte". Tal era su preocupación que no dudó en mandar que pusieran un micrófono en su despacho, en concreto a Antonio García Leyva. Después de escuchar lo que ella decía de los tres socialistas en cuestión, el grupo intentó "silenciarla" ofreciéndole un cargo jugoso como "compensación", para que "no sacara los documentos conflictivos que pudiera tener".
La coca de Noel
Según su versión, Vanessa no aceptó. Y el enfado de Berta fue en aumento. Sería entonces cuando proponen a Pedro que la retuviera durante unas horas y que le hiciera pensar que algo malo le podía pasar. Lo habrían hecho en un encuentro en una taberna de Maracena unos días después de la celebración de la festividad de Reyes (en el mes de enero) en el que le habrían dado las instrucciones a seguir. También aseguró que López le mandó –a través de Berta- una bolsita de cocaína para que se "envalentonara" el día de los hechos. Y que le dio para dos rayas, una por cada orificio.
De ahí que el juez instructor haya acordado también librar oficio dirigido al Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para que aclare si el presunto autor del secuestro pudo haber realizado un consumo "puntual" de cocaína el día del rapto, habida cuenta de que el informe capilar que elaboró constató que el detenido no era un consumidor habitual de ninguna sustancia estupefaciente (lo que no significaría que ese día no lo hubiera hecho, como declaró).
La reacción de Linares
La decisión del juez instructor de tomar declaración a Berta Linares ha sido recibida "con alegría" por parte de la exalcaldesa, aseguran a LD fuentes de entorno de la socialista. Ella no parece dar importancia al hecho de que lo tenga que hacer en calidad de investigada. Lo ve -dice- como una "oportunidad" para "demostrar que sus acusaciones son un burdo intento para atenuar el horrible y absurdo hecho que cometió" (en referencia a la versación ofrecida por el que fuera su pareja).
"Durante cuatro meses he sido juzgada públicamente sin posibilidad de defensa", señala Berta en unas breves declaraciones que ha hecho llegar a este periódico. "Ahora con la posibilidad de declarar y dejar expuesta la realidad por fin quedará clara mi inocencia", ha añadido la socialista al tiempo que ha lamentado "el revuelo mediático" que ha venido de la mano de este caso, que ha ensombrecido su trayectoria política "de manera injusta".
También critica al PP, al que acusa de haber aprovechado las circunstancias "de manera miserable y sin ningún rubor para su interés". Berta Linares dice encontrarse más tranquila, ahora que sabe que podrá dar su versión de los hechos. "Creo en el sistema de Justicia", sentencia, "quedará perfectamente claro este terrible episodio que ha golpeado mi vida y la de mi familia, de manera tan injusta y dolorosa".