La Junta de Andalucía ha iniciado finalmente los trámites para despedir a los empleados que el Gobierno regional socialista enchufó en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), personas afines al PSOE y familiares de sus dirigentes sin tener la titulación necesaria para ejercer el cargo ni pasar el proceso de selección. Estos han permanecido en su puesto de trabajo incluso después de la extinción de la Faffe, que se dio en 2011, cuando los empleados investigados por haber sido enchufados pasaron a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde han trabajado los últimos 14 años.
Según ha informado el ABC de Sevilla, el Gobierno de Juanma Moreno ha puesto en marcha el paso definitivo para extinguir los contratos de 23 empleados del SAE por carecer de la titulación que se exigía para el puesto tras un largo debate que comenzó en 2018, cuando el líder de los populares andaluces consiguió gobernar en el Palacio de San Telmo después de casi cuatro décadas de gobiernos socialistas.
Los 23 empleados corresponden a 12 administrativos y 11 técnicos que verán extinguido su contrato después de que los letrados de la Junta de Andalucía hayan determinado que estas personas no pueden continuar a sueldo del erario público andaluz por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) emitida por la Consejería de Empleo.
Esta será aplicada a pesar de que hace poco más de un año la misma Consejería aprobara una resolución en la que estabilizaba a todos los interinos de la SAE cediendo ante una fuerte presión sindical que pedía que todos los empleados sin contrato fijo –1.297, de los cuales 520 procedían de la Faffe— pasasen a tener las mismas condiciones que sus compañeros. Todo ello por medio de un proceso en el que las personas que tenían el puesto debían acreditar de nuevo sus méritos para el puesto en una nueva convocatoria.
Avalado por el Consejo Consultivo
Hubo 23 empleados que no consiguieron acreditar méritos suficientes para mantener su puesto de trabajo, aunque la presión sindical hizo que todos recibieron el mismo trato, si bien la resolución no era fija, ya que la Junta esperaba el informe del Gabinete Jurídico, que finalmente ha determinado que estos empleados no pueden seguir en el cargo. Una decisión que ha avalado el Consejo Consultivo de Andalucía.
Algunos de estos expedientes ni siquiera habían cursado el bachiller, pero obtuvieron el puesto de trabajo a pesar de que se requiriera un grado universitario. Por ello, la Junta que presidía José Antonio Griñán decidió disolver la Faffe antes de los comicios de 2012 –a los que el exlíder de los socialistas andaluces se enfrentaba en desventaja según las encuestas— pero recolocando a los trabajadores en el SAE por medio de la Ley de Reordenación del Sector Público, conocida como la ley del enchufismo.
Ahora, estos 23 empleados recibirán su carta de despido y será el número dos de la convocatoria pública en la que tenían preferencia por ser empleados del sistema el que supla su plaza de forma inmediata. En el caso de que alguna de las plazas no conste de sustituto, seguirán trabajando de forma transitoria hasta que se realice una nueva convocatoria y un candidato que consiga acreditar sus méritos cubra el puesto.